El relevo en la cúpula del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llega en un momento clave para la inversión pública tras la pandemia del coronavirus. La cartera que estaba hasta hace pocos días en manos de José Luis Ábalos es una de las que mayor capacidad de licitación tiene en toda la Administración Pública y contará con casi 18.000 millones del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los frentes abiertos tanto para su sucesora -Raquel Sánchez- como para la nueva secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, son múltiples. La todavía presidenta de Adif sustituirá en el puesto a Pedro Saura, que recalará en la presidencia de una de las empresas públicas más codiciadas, Paradores.

La principal prioridad marcada por Sánchez para esta nueva etapa es conseguir cerrar el anteproyecto de ley de Vivienda, que tras muchos meses de negociaciones con los socios de Gobierno de Unidas Podemos, el equipo de Ábalos no consiguió finiquitar. Los roces podrían volver ahora al Ejecutivo a cuenta de la limitación de los precios del alquiler, aunque las posiciones podrían haberse acercado con el nombramiento de Sánchez, exalcaldesa del PSC en la localidad barcelonesa de Gavá.

En esta materia, el Ministerio y las comunidades autónomas ratificaron este miércoles la propuesta de distribución de 1.631 millones de euros de los fondos europeos de recuperación aprobada por el Consejo de Ministros el 13 julio. Este acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo presidida por la propia titular de Transportes, permitirá poner en marcha este mismo año los programas de rehabilitación residencial y de edificios públicos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Al margen de la vivienda, tanto Sánchez como la actual presidenta del administrador de infraestructuras ferroviarias tienen en la agenda cuestiones espinosas como la política de peajes en las carreteras y cómo financiar su mantenimiento. En su etapa municipal siempre fue contraria al establecimiento de tasas por el uso de las vías. Pero ahora España ha trasladado a Bruselas su intención de implantar algún tipo de pago por uso en el futuro. Además, tendrán que gestionar los que vencen en próximas fechas, como los de la AP-2 o la AP-7.

La hasta ahora presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera
La hasta ahora presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Por su parte, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat figura también entre las cuestiones que deberá afrontar el nuevo equipo ministerial. No en vano, la nueva titular de la cartera ha sido primera edil de una de las localidades que se encuentran alrededor de las instalaciones aeroportuarias y que se pueden ver afectadas por cualquier modificación.

El gestor aeroportuario Aena, presidida por el también socialista Maurici Lucena, quiere invertir 1.700 millones en el plan de expansión. Pero la cuestión tiene también una profunda vertiente política, pues el gobierno de la Generalitat reclama no sólo la ampliación sino que la gestión sea cedida a la administración pública catalana.

Corredor Mediterráneo, Rodalies y liberalización

Asimismo, el equipo de Ábalos se encontraba desarrollando en materia ferroviaria la ampliación del Corredor Mediterráneo, que pretende incrementar el transporte de mercancías ir a través de una línea de tren entre la localidad gaditana de Algeciras y la frontera francesa. En este ámbito, Pardo de Vera tiene un especial conocimiento del terreno y es uno de los aspectos donde más dinero estaba previsto dedicar de la partida comunitaria para la reconstrucción tras la covid-19.

Pardo de Vera también tiene especial conocimiento en el campo de la liberalización del ferrocarril, otro de los grandes asuntos que debe seguir avanzando con la entrada de nuevas compañías que competirán con Renfe en los próximos años.

Pero en lo que se refiere al ámbito ferroviario, en Cataluña seguirán teniendo por delante la eterna batalla de la Generalitat por hacerse con toda la gestión competencial de la red de Rodalies, los tres de cercanías de la Comunidad autónoma. En lo que llevamos de año, Transportes ha licitado más de 300 millones de euros en actuaciones para este servicio.

Por otro lado, desde el sector de la construcción dicen seguir a la espera de conocer las líneas maestras del Ministerio que ahora dirige Sánchez en las cuestiones que afectan a sus líneas de negocio. Por el momento, fuentes de diversas empresas constructoras afirman no haber tenido ningún contacto con el nuevo equipo.

En cualquier caso, marcado en la agenda está el Plan Extraordinario de Carreteras (PIC), del que las compañías recelan por la baja rentabilidad que parece ofrecer. Presentado en 2017 durante la etapa de Mariano Rajoy, el plan se resiste a salir adelante. Hasta el momento, sólo se ha aprobado el estudio de viabilidad de la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia.