El Tribunal de Cuentas ha dado un margen de 48 horas para iniciar el procedimiento de embargo de los bienes de los líderes independentistas a los que reclama una fianza de 5,4 millones de euros por el uso irregular de fondos públicos en la promoción del proceso independentista en el extranjero a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.

Los políticos y funcionarios contra los que el órgano fiscalizador dirige el procedimiento tenían hasta las 00.00 de la noche de este miércoles para abonar la fianza requerida y no lo hicieron. Las defensas de algunos de ellos solicitaron un aplazamiento. Puesto que no cumplieron con el plazo, fuentes del órgano trasladaron a El Independiente que arrancaba el procedimiento de embargo de sus bienes, que no es inmediato ni irreversible. La instructora, sin embargo, no dictó la mañana de este jueves la providencia de embargo -que estaba lista, según trasladan fuentes del órgano- y da un margen hasta el lunes.

"Máxima garantía"

La instructora del procedimiento ha estudiado la documentación recibida y considera que los escritos presentados (tanto por los representantes legales de quienes se acogerían al aval del Instituto de Fianzas de la Generalitat como quienes lo harán por otra vía) y considera que constituyen un anuncio pero no han sido acompañados de los avales que exige el art. 517 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Considera que la documentación presentada tiene defectos de forma y no acredita quién asegurará la fianza correspondiente. A pesar de ello, y para asegurar la "máxima garantía" en el procedimiento, ha dejado un plazo de 48 horas para que se presente la documentación que falta. Si una vez presentada y estudiada se considera que tampoco es suficiente porque no especifica cómo se avalarán las cantidades ni quién lo hará, la instructora firmaría la providencia e iniciaría el procedimiento de embargo.

El embargo se dirigiría contra 30 de los 34 supuestos responsables del desvío de fondos públicos en la promoción exterior del procés, puesto que cuatro de los investigados por el órgano fiscalizador sí han respondido en plazo. En concreto, dos han depositado las fianzas que se habían fijado tras practicarse la liquidación provisional y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval, según ha informado el Tribunal de Cuentas, aunque no especifican quiénes.

Inicia el procedimiento para garantizar el depósito de los 5,4 millones impuestos por el posible desvío de fondos

Las mismas fuentes trasladan que el procedimiento de embargo que iniciaría la instructora del procedimiento no es inmediato ni irreversible. Desde el órgano fiscalizador aclaran que el inicio del procedimiento de embargo no significa que, de entregarse la fianza después del plazo estipulado para el afianzamiento no se admita ésta u otros depósitos; de tal forma que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar el embargo. Aclaran igualmente que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares cuyo objetivo es garantizar que si hay una futura sentencia condenatoria, los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Entre las personas alcanzadas figuran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Andreu Mas-Colell (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia) y Francesc Homs (Presidencia), y la ex interventora Mireia Vidal.

Según confirmó este miércoles el conseller de Economía, Jaume Giró, será finalmente el Instituto Instituto Catalán de Finanzas (ICF) el organismo que avalará directamente las fianzas a los líderes del procés tras crear un fondo dotado con diez millones de euros procedentes de un remanente para "gastos de diferentes consejerías". El anuncio, que se hacía 24 horas después de que hubiera descartado dicha posibilidad para no comprometer a los trabajadores de la "banca pública", tenía lugar tras haber fracasado las conversaciones mantenidas con los bancos.

Fuentes del Tribunal de Cuentas cuestionan la legalidad del vehículo elegido por la Generalitat y sugieren que la decisión podría acarrear posibles responsabilidades penales. Las fuentes indicaron que ello da pie a que cualquier alto cargo o funcionario pueda recurrir ahora a dicho fondo para que respondan por las fianzas que eventualmente le impongan en otros procedimientos.

De momento, Vox ha presentado ya una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y los consejeros Laura Vilagrá (Presidencia) y Jaume Giró (Economía y Hacienda) por la creación del citado fondo, al entender que dicha decisión puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.