El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha pedido al juez Manuel García-Castellón que le deje en libertad debido al deterioro físico y psíquico que le ha producido los tres meses que lleva en prisión provisional a raíz de su detención en el curso de la Operación Lezo y porque, en su opinión, ya no concurren las circunstancias alegadas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para mandarlo a la cárcel.

En un escrito fechado este martes, al que ha tenido acceso El Independiente, la defensa de González pide al magistrado que o bien permita la libertad de su representado fijando una fianza "razonable" a la que aquél pueda hacer frente y fijando si es necesario comparecencias diarias en el juzgado o bien establezca una "medida alternativa", como la obligación de permanecer en su domicilio o estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.

La petición se formaliza días después de que Ignacio González compareciera voluntariamente ante el instructor y contestara las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, sin que -detalla el escrito presentado ahora- rehuyera "ningún tema de los que se le plantearon, ni negarse a contestar a ninguna cuestión". El ex presidente madrileño negó su responsabilidad en las presuntas irregularidades que se investigan en el Canal de Isabel II, entre ellas la compra del 75% del capital de la empresa brasileña Emissao por un precio presuntamente inflado para desviar fondos.

La defensa de González dice que ya no concurren las razones por las que el juez Velasco ordenó prisión provisional

El abogado Esteban Mestre considera que el avance de la investigación, iniciada en septiembre de 2015, "no requiere ya de una medida tan dura" como la prisión provisional. La defensa de González invoca otro motivo: "El deterioro físico y psicológico que el magistrado instructor, y todos los presentes en ese acto, pudieron observar en mi mandante el día que prestó declaración es tan evidente que requiere una adecuada respuesta, pues los fines que justifican la prisión preventiva no pueden justificar la lesión de los derechos a la salud y a la integridad moral, existiendo suficientes medidas alternativas a la privación de libertad que permiten garantizar los mismos objetivos legales, con respeto de los derechos personales, en cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad".

El letrado defiende que no concurren ya los factores de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad que exige la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para valorar la legitimidad de la prisión provisional y que tampoco existen los riesgos con los que el juez Eloy Velasco, el magistrado que inició la instrucción del caso Lezo, justificó la necesidad de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid estuviera privado de libertad.

No hay riesgo de fuga, razona el escrito, porque en los tres meses que Ignacio González lleva en Soto del Real no se ha descubierto que tenga más bienes que los ya embargados o bloqueados por el juzgado, por lo que "carece de medios económicos". Ello, añade, hace que sea de "imposible materialización" la posibilidad de que pueda huir de España.

El ex presidente madrileño dice que es imposible que pueda huir de España al tener todo su patrimonio bloqueado

En este punto, el abogado llama la atención sobre el "arraigo personal" que tiene su representado, con esposa, tres hijas y unos padres "de avanzada edad y movilidad reducida" que no pueden ir a visitarle a prisión y temen que no puedan volver a ver a su hijo más. "Esto supone un vínculo más que suficiente para contrarrestar cualquier eventual atisbo de fuga", añade.

La defensa entiende que tampoco puede mantenerse ya el argumento del riesgo de ocultación, manipulación o destrucción de pruebas. "Hace ya 22 meses que mi mandante es objeto de investigación, 19 de ellos en secreto de actuaciones, sin que él, en consecuencia, haya tenido la menor noticia de cuantas diligencias se estaban efectuando para conocer sus actividades, bienes y relaciones", argumenta. En su opinión, toda documentación que pudiera ser fuente de prueba "obra ya en poder del juzgado".

"No cabe, por tanto, ningún riesgo de destrucción de esas pruebas que se ignoran, y además están ya manifiestamente fuera de su poder de actuación. Pero si lo que preocupa al Ministerio Fiscal, o al juzgado, es que, fuera de la prisión, mi mandante pueda ponerse en contacto con algún testigo o investigado (únicas pruebas que podrían quedar al día de la fecha sin practicar), ello tampoco justifica la necesidad de adopción de una medida cautelar de prisión preventiva, pues existen medidas alternativas de la misma eficacia, pero mucho más proporcionales al caso, por me-nos lesivas de derechos fundamentales, que podrían adoptarse con toda garantía", insiste.

"Ningún control sobre sociedades"

Tampoco, en opinión de este investigado, cabe el "más mínimo riesgo cierto y objetivo" de que Ignacio González pueda reincidir delictivamente al no ejercer ninguno de los cargos que tenía en el periodo que se investiga ni tener "ningún control sobre sociedades, cuentas corrientes ni inversiones" por estar todo su patrimonio bloqueado por orden judicial.

González es uno de los tres detenidos en el marco de la Operación Lezo que aún continúan en prisión junto a su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la empresa matriz del Canal de Isabel II en Latinoamérica -Inassa- y considerado el cerebro de la compra de Emissao.