El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado esta semana por finalizada la investigación de dos piezas del caso Tándem o caso Villarejo y propone juzgar por cohecho a los imputados en éstas por contratar los servicios de espionaje del comisario José Manuel Villarejo a través de su empresa Cenyt mientras estaba en activo en la Policía.

Respalda, por lo tanto, la línea de acusación por cohecho de la Fiscalía Anticorrupción contra quienes contrataron al comisario para encargos privados antes de jubilarse del Cuerpo y abre la puerta a llevar a juicio a los grandes empresarios del Ibex-35 (los expresidentes de BBVA y La Caixa así como los presidentes de Repsol e Iberdrola) por estar presuntamente al tanto de los encargos de trabajos de espionaje que las compañías hicieron al policía.

En las piezas 12 y 24 que da por finalizadas dentro de la macrocausa alrededor de los encargos a la empresa Cenyt de Villarejo, García Castellón propone juzgar, por un lado, al empresario y exconsejero de OHL Javier López Madrid y, por otro, al director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta y al responsable de seguridad del mismo grupo, Antonio López.

En el primer caso, el instructor ve motivos para sentar en el banquillo al yerno del fundador de OHL Juan Miguel Villar Mir por contratar al comisario para que realizara labores de hostigamiento a la dermatóloga madrileña María Elisa Pinto, que le había denunciado por acoso en los tribunales.

En el segundo caso, el juez ve acreditado que los directivos de Planeta encargaron a Villarejo entre febrero y junio de 2014 averiguar si hubo un soborno a un árbitro que participó en el procedimiento de arbitraje entre dicho Grupo y Radio Blanca Kiss FM para que resolviera a favor de la segunda. El comisario rastreó supuestamente información patrimonial, personal y financiera del mencionado árbitro que habría reflejado en el 'Proyecto July' por el que Planeta le abonó 48.400 euros a través del despacho de abogados que tenía domiciliado en la céntrica Torre Picasso de Madrid, desde donde también manejaba su empresa Cenyt.

Uso de medios policiales

Junto a quienes le contrataron, el juez propone llevar a juicio por cohecho pasivo al propio Villarejo, a su socio y abogado Rafael Redondo y, en el encargo del Grupo Planeta, al expolicía Antonio Giménez Raso.

Éste último habría sido el enlace entre el comisario y el jefe de Seguridad del Grupo Planeta, a quien le comunicaron la posibilidad de aportar información sobre el supuesto soborno al árbitro mencionado.

En ambos casos, como los investigadores consideran que ocurrió en el resto de piezas de la macrocausa Tándem, Villarejo habría accedido a información confidencial de distintas personas haciendo uso de medios policiales, traslada el juez García Castellón.

En la Audiencia Nacional se investiga ya a BBVA, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas, así como a los expresidentes de las dos entidades Francisco González e Isidro Fainé, al de la energética Antonio Brufau y al presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán. Estas empresas cotizadas encargaron a Villarejo informes de seguimiento contra la competencia o de personas con intereses que consideraban contrarios a las compañías (como el presidente de Sacyr Luis Del Rivero en el caso de Repsol) por los que pagaron millones de euros.

Los investigadores consideran que eligieron a la compañía Cenyt del comisario -cuando aún estaba en activo en la Policía antes de jubilarse en 2016- precisamente por la información confidencial a la que podía acceder por sus contactos en el Cuerpo. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción pidiera que se investigara por cohecho tanto a personas físicas como a jurídicas, las grandes compañías, que permitieron su contratación.

La decisión, en manos de la Sala Segunda

Los representantes legales de las grandes empresas defienden que no sabían que Villarejo tenía la condición de policía cuando le contrataron. González, Fainé, Brufau y Sánchez Galán, que no sabían quién estaba detrás de Cenyt porque ellos no decidieron la empresa de investigación o seguridad contratada, porque lo hicieron los jefes de Seguridad de las compañías. En casi todos los casos, por cierto, éstos eran expolicías.

Los autos de pase a procedimiento abreviado de esta semana abren la puerta a llevar a juicio a quienes participaran en la contratación del comisario a través de su empresa Cenyt, sin importar si conocían o no su doble condición. Las decisiones del juez son recurribles ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tendrá que pronunciarse sobre si procede abrir juicio por cohecho o no contra todos aquellos que hicieron encargos a Villarejo para buscar trapos sucios de otras personas.