La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, apuesta por la "presencialidad total" en todos los niveles educativos para la vuelta a las aulas en septiembre, aunque dicha vuelta vendrá precedida de una reunión de la interterritorial a finales de agosto por si deben ponerse en marcha nuevos protocolos en función de la evolución del Covid.
En una entrevista en la Ser, ha explicado que "partimos con varias ventajas", respecto a septiembre del año pasado. Esto es, "tenemos experiencia, hay un índice de vacunación magnífico, a punto de llegar al 70 por ciento de inmunidad, y se ha comenzado en algunas comunidades la vacunación de los niños 12 a 17 años". En definitiva, "el mensaje es de tranquilidad y de seguridad" para que todos los alumnos, incluidos los de la ESO y Bachillerato, regresen durante todo el curso a colegios e institutos.
"Lo hicimos bien el año anterior. Todos los estudios e informes nos hablan de la presencialidad y es nuestra apuesta en todas las etapas. Dimos un buen ejemplo como país y este año vamos a hacerlo también bien", ha explicado.
Vacunación del profesorado
Interrogada sobre si debe ser obligatoria la vacunación del profesorado como en otros países de nuestro entorno, esto es, Italia y Francia, ha esgrimido que la respuesta a la vacunación "es positiva" y "todos ellos están prácticamente vacunados. Aquí la práctica totalidad de los docentes se está vacunando", ha reiterado sin querer entrar en cómo se actuará en caso de que haya negacionistas entre el personal docente.
Por otro lado, ha defendido que las ratios alumno-profesor anteriores a la pandemia "están en la media de la Unión Europea" dando así respuesta a algunas Comunidades que habían pedido rebajarlas manteniendo desdoblamientos de aulas. En todo caso, ha apelado a los fondos educativos inyectados a las Comunidades para "hacer frente a las incertidumbres, de modo que las Comunidades apuesten por las medidas que garanticen la seguridad en todo momento".
Algo esquiva se ha mostrado ante la pregunta de si se retirarán los conciertos a los colegios que segreguen por sexo, algo que contiene la llamada Ley Celaá. Se ha limitado a comentar que "cuando se reciben fondos públicos se debe ser corresponsable impidiendo la segregación", pero también ha dicho ser partidaria del diálogo y del "trabajo colaborativo". La concertada "es clave y el trabajo entre las dos redes, pública y concertada, también", recordando que éste es un modelo educativo diseñado en 1985 por el socialista José María Maravall.
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