La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado durante su comparecencia en el Congreso que el Mar Menor no admite más crecimiento urbanístico ni agrícola, y que debe "rebajar la aportación" de estos al actual estado de la laguna salada.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, ha apelado la implicación "al máximo" y la actuación "de manera coordinada" de todos los actores y administraciones para recuperar el enclave de una situación "dramática" y con consecuencias sociales y económicas graves.

Ribera ha evitado debatir respecto a quién corresponde la responsabilidad del actual estado de la laguna salada porque considera que se debe trabajar y no perder "ni un minuto más" para solucionar el "inmenso drama que implica una catástrofe ambiental" que se ha producido "a cámara lenta" ante la "permisividad" e "incredulidad" de muchos actores.

Para ello, ha afirmado que el Mar Menor "no admite más desarrollos; no es posible el crecimiento ni urbanístico ni agrícola" para poder recuperar la laguna, al tiempo que ha insistido en que hay que trabajar para lograr levantar las hectáreas ilegales y restituir los terrenos.

Aunque ha recordado que las competencias ambientales y agrícolas son autonómicas no ha querido "entrar en un debate de quién es la competencia", sino en "poner coto de una manera rápida y eficaz contra el crecimiento del problema".

En todo caso, considera que es "imprescindible" dar solución a la laguna salada con "la máxima participación social", escuchando de forma respetuosa a la ciencia, asegurando el respeto a la ley, con una leal cooperación institucional para evitar que los principales perjudicados sean los vecinos y los agricultores honestos.

"Las causas son claras y exigen respuestas muy concretas, pero muy respaldadas por el conjunto de la comunidad científica", ha comentado la ministra que, aunque no ha querido entrar en confrontación con el Gobierno murciano, ha dicho que más allá de que la administración regional haya diagnosticado y descrito en el plan de actuación autonómico también "sería deseable" que además se aplicaran las medidas.

Ribera ha detallado las medidas acordadas la semana pasada con el Gobierno de Fernando López Miras y ha repasado todas las actuaciones que ha acometido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para identificar los regadíos ilegales, unas 7.800 hectáreas, reforzando con 28 efectivos la vigilancia en la confederación hidrográfica, iniciando expedientes sancionadores entre otras actuaciones para acabar con la ilegalidad que perjudica a la "máxima mayoría" de los agricultores murcianos.

En la actualidad ha indicado que el MITECO destinará una inversión de 317 millones de euros ya presupuestados para atender a la laguna murciana pero "es muy probable" que requiera de inversiones adicionales aunque ha añadido que "se requiere" también por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Administración Regional de "una aportación equivalente".

A vueltas con el dragado

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la presencia de maquinaria pesada en la Gola de Marchamalo tras el anuncio del Gobierno regional sobre la necesidad de llevar a cabo un dragado en esta infraestructura que es competencia del Ejecutivo central, según Europa Press.

Así, el Ministerio Fiscal se ha hecho eco de una denuncia interpuesta por la Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE) después de que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacase en una rueda de prensa la idoneidad de esta medida ante el episodio de hipoxia por el que atraviesa la laguna.

En concreto, López Miras reclamó al Ejecutivo central "que lleve a cabo la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo de forma inmediata", y anunció que se trasladaría maquinaria hasta la zona para impulsar la actuación en cuanto el Gobierno central diera el visto bueno.

"Se trata de una propuesta para favorecer la oxigenación del Mar Menor en la zona sur y, dada la situación por la que atravesamos, una de las pocas medidas que se pueden tomar a corto plazo según nos indican los expertos", apuntó el presidente murciano.

Igualmente, avanzó que, en caso de que el Ministerio no aceptase su petición en los próximos días, "acudiremos a la Justicia para que sea ella la que obligue al Gobierno a proceder o nos permita actuar mediante actuación cautelarísima".