Las peticiones de distintos grupos de la oposición, encabezados por el Partido Popular, para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones a sus señorías sobre distintas cuestiones de actualidad -entre ellas la desbocada factura eléctrica, la crisis de Afganistán o la celebración de la mesa de negociación con Cataluña- han caído en saco roto. En la agenda del presidente del Gobierno no figura ningún acto extraordinario, y habrá que esperar al 15 de septiembre para que Sánchez vuelva a pisar la Cámara Baja. La Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, ha aprobado que la primera sesión de control se celebre dentro de 15 días, lo que ha motivado fuertes críticas en los partidos de la oposición.

Coincidiendo con el acto de "autobombo", como lo ha denominado el propio Pablo Casado, de arranque de curso político en que Sánchez ha desplegado los planes y las prioridades de su Gobierno para los próximos meses en la Casa de América, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para la celebración del debate del estado de la nación, una tarea pendiente desde hace tres años. "Sánchez lo ha cambiado por otro acto elitista de autobombo pagado con nuestros impuestos", escribía el líder de la oposición en Twitter.

Se quejan también los populares de la decisión de la Mesa de la Cámara Baja -donde PSOE y Podemos cuentan con mayoría- de posponer una semana más la sesión de control cuando el Congreso acumula "tres meses" sin un sólo pleno y que Sánchez descargue la responsabilidad en distintos responsables de su gabinete. Además, subrayan la "gravedad" de que el presidente del Gobierno no comparezca en el Parlamento hasta un mes después de la caída de Kabul en manos de los talibanes a diferencia, subrayan, de otros mandatarios europeos.

No obstante, Moncloa no contempla por el momento fijar una fecha para la celebración del debate sobre el estado de la nación -la oposición exige que se convoque antes de que finalice septiembre-, ni tampoco ninguna otra comparecencia "extraordinaria" más allá de la asistencia a la sesión de control "cuando corresponda", según trasladan fuentes gubernamentales.

Además, alegan que una comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja en los próximos días resulta innecesaria después de que diversos ministros de su gabinete, como el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Sanidad, Carolina Darias; o la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hayan acudido ya a sendas comisiones para explicar los planes de sus respectivos departamentos en materias como la crisis de Afganistán, la estrategia de vacunación o el alza de la factura energética y hayan enfrentado allí las preguntas y reproches lanzados por los grupos de la oposición.

Sánchez y Casado, sin contacto

Y todo apunta a que el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no se verán las caras hasta el 15 de septiembre por el inexistente contacto entre ambos dirigentes pese al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas negociaciones siguen en un punto muerto. Desde el PP reprochan que Sánchez no haya telefoneado a Casado ni siquiera para abordar conjuntamente cuestiones de Estado como fue el plan de evacuación de Afganistán, y censuran que la última vez conversación se produjo el pasado 18 de mayo y a iniciativa del presidente del PP, que llamó a Moncloa para interesarse por la crisis migratoria de Ceuta.

Por su parte, fuentes gubernamentales no aclaran si el presidente del Gobierno llamará en las próximas semanas al líder del PP para tratar de desencallar la renovación de los órganos constitucionales, aunque señalan directamente a Pablo Casado como culpable del bloqueo en que se encuentra inmerso el Poder Judicial, cuyo órgano de gobierno lleva en funciones casi tres años. "El bloqueo no puede durar más tiempo", comentan en Moncloa, desde donde tachan de "inadmisible" la actitud de "bloqueo" del jefe de la oposición. "Él sabe perfectamente lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley", insisten. Por el momento, no hay visos en el Gobierno para abordar una reforma legislativa que modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ, tal y como exigen en el PP.