La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abogado este lunes por un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "con el fin de robustecer a la institución".

Delgado ha defendido la necesidad de un Ministerio Fiscal "fortalecido y adecuadamente dotado" y ha reivindicado el papel de la Fiscalía como una institución "básica e imprescindible", así como ha afirmado que "la Justicia no puede convertirse en un campo de batalla política".

La máxima responsable del Ministerio Público se ha manifestado en estos términos durante el acto de apertura del curso judicial que se celebra este lunes en el Tribunal Supremo ante la presencia del Rey, del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de la ministra de Justicia Pilar Llop así como del líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Precisamente el Partido Popular presentó un recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado procedente del Ministerio de Justicia del Gobierno de Sánchez y del PSOE de Madrid sin solución de continuidad, considerando que su imparcialidad e independencia están en entredicho. Tanto el PP como Vox, que también recurrió su nombramiento ante la Sala Tercera, consideran que la manera en la que Delgado accedió al Ministerio Fiscal atenta contra la independencia del Ministerio Fiscal. Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal deliberarán al respecto el próximo 19 de octubre.

Bloqueo del Poder Judicial

El acto institucional de este está marcado por el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace ya casi tres años por la falta de acuerdo político entre el partido del Gobierno (PSOE) y el principal de la oposición (PP) para proponer y elegir a los vocales del Consejo en las Cortes.

Las asociaciones judiciales presionan ya ante Europa para "despolitizar" el órgano permitiendo que los 12 vocales judiciales sean elegidos por jueces de entre jueces, como recomiendan las instituciones europeas.

Igual que el presidente del Consejo, que ya ha instado en cuatro ocasiones desde 2018 a los partidos políticos a llegar a un acuerdo de renovación, las asociaciones reclaman a los políticos responsabilidad institucional y que dejen de utilizar al Poder Judicial como arma política.

Lesmes y los consejeros no dimitirán

A pesar de que no parece haber una solución política para la situación tan encallada del CGPJ, ni el presidente Lesmes ni los vocales tienen previsto presentar su dimisión para forzar la elección de nuevos miembros. Consideran, por un lado, que no es su responsabilidad y, por otro, que dicha decisión no solucionaría el bloqueo.

El Partido Popular pone ahora como condición para llegar a un acuerdo de renovación que se reforme la ley del Poder Judicial para que los 12 vocales judiciales del órgano tengan que ser elegidos por jueces.

Desde el Gobierno se niegan a sacar adelante con el partido de la oposición dicha reforma legal, que ven innecesaria porque consideran que el sistema actual es garantista y similar al de otros países de la Unión Europea. La argumentación que hizo el ministro de Presidencia la semana pasada para defender el sistema de elección actual, afirmando que "los jueces no pueden elegir a los jueces" provocó duras críticas por parte de la carrera judicial.