Los sindicatos UGT y CCOO están dispuestos a aceptar que el salario mínimo interprofesional (SMI) no suba este 2021 si el Gobierno acuerda ya que el 1 de enero de 2022 estará en los 1.000 euros al mes como mínimo. En una muestra de su flexibilidad en pro de desbloquear un asunto que lleva días atascado, las organizaciones sindicales han pasado de exigir que los sueldos más bajos del país aumenten al menos al ritmo de la inflación, es decir, unos 25 euros, a pedir que se incrementen 19 o 12 euros y a finalmente no establecer líneas rojas en cuanto a la cantidad.

Actualmente, el SMI se encuentra congelado desde enero en los 950 euros al mes, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lleva meses insistiendo en que no puede seguir así en un momento en que el Gobierno está subiendo las pensiones y los sueldos de los funcionarios, y en el que, además, la inflación está disparada. Por eso, la semana pasada Díaz proclamó en una entrevista en Onda Cero que la decisión se tomaría este lunes (6 de septiembre), después de la reunión entre sindicatos, organizaciones empresariales y su Ministerio.

Pero las cosas parecen haberse complicado. A pesar de que el Ministerio no está obligado a llegar a un acuerdo con los agentes sociales, sí está en su voluntad que la subida sea pactada entre todas las partes, y es por eso que la negativa de la patronal CEOE está retrasando el anuncio de la subida del salario mínimo. Fuentes de Trabajo insisten en este punto: se va a intentar "hasta el último aliento" llegar a un acuerdo a tres bandas y es a lo que se están dedicando esta semana, al final de la cual les gustaría tomar una decisión.

De su lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha celebrado este jueves una reunión de su comité ejecutivo en la que han avalado el "no" a la subida del salario mínimo. Como la misma patronal lleva proclamando toda la semana, la postura de sus asociados es que no es el momento, porque multitud de empresas se encuentran en una situación crítica tras el golpe que la pandemia ha supuesto para sus cuentas y un alza de los sueldos las debilitaría aún más. Además, ni siquiera les están llegando las ayudas directas prometidas.

Por ahora, todas las partes coinciden en que el acuerdo no está cerca, pero la posibilidad de imponer una subida sin la CEOE continúa en manos del Gobierno, a pesar de que este insiste en que apurará todas las posibilidades hasta el último momento (no concretan cuándo lo sitúan). Este miércoles, la ministra Yolanda Díaz ha estado en Coimbra, Portugal, participando en la Cumbre Ibérica de Economía Social con su homóloga portuguesa, Ana Mendes, y este jueves visitará Barcelona. Aun así, desde su Ministerio, insisten, están trabajando en ello, "manteniendo contactos", para intentar resolver las desavenencias entre las partes.

El único requisito de los sindicatos

CCOO y UGT insisten en que su requisito es acordar ya que el salario mínimo llegará a los 1.000 euros al mes a principios de 2022. Es decir, que el Gobierno tendría su beneplácito si decidiese incrementarlo menos de lo que propuso en la reunión de la semana pasada (15 euros al mes este año, 31 en 2022 y 31 en 2023) siempre y cuando se alcance ese horizonte. Desde CCOO lo expresan así explícitamente, como una manera de mostrar su flexibilidad, mientras que desde UGT simplemente no establecen "líneas rojas" en cuanto al mínimo que debería subir.

Eso no significa que cualquier subida les parezca adecuada, puesto que en diferentes ocasiones han manifestado que por debajo de los 25 euros, en el caso de CCOO, o de los 19, en el de UGT, les parecería difícil llegar a un acuerdo. "Pero igual renunciamos", adelantaba este jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro con los medios, dejando entrever que dependerá de cómo evolucione la negociación.

Asimismo, desde las organizaciones sindicales lamentan el bloqueo de los empresarios a una medida que tan solo supondrá un gasto de medio euro al día a los patrones. "No es verdad que una empresa no pueda subir un euro más diario, que es más o menos lo que podría costar subir 25 o 30 euros al mes el SMI", lamentaba en el mismo evento Álvarez.

"Todo es un poco surrealista", coinciden desde ambos sindicatos. Lo que también está claro es que la predisposición del Gobierno a no imponer su criterio busca no complicar el resto de negociaciones que tiene pendientes con los sindicatos y los empresarios, como la de la prórroga de los ERTE, la de la reforma laboral o la que diseñe un mecanismo de equidad intergeneracional que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones.