El acuerdo entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha trasciende su objetivo en primera instancia: dar estabilidad a un gobierno en minoría. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha apresurado a valorarlo como "un cambio de rumbo" que puede marcar el camino de la izquierda para echar a Rajoy. Por su parte, el presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, ha echado un poco de agua al vino: "El acuerdo no tiene que ser extrapolable a otras comunidades ni al conjunto del país".
Lo que es indudable es que Pablo Iglesias tiene como objetivo en esta legislatura alcanzar acuerdos con Pedro Sánchez que permitan acelerar la instauración de un "gobierno del cambio" en España. Curiosamente, esa posición era la que mantenía Íñigo Errejón, que salió derrotado en el Congreso de Vista Alegre. Conviene recordar que fue justamente en Castilla La-Mancha donde Iglesias comenzó su política de fustigamiento hacia el PSOE. El 26 de septiembre de 2016 (cinco días antes del Comité Federal que echó a Sánchez), José García-Molina, líder de Podemos en la región y absolutamente afín al secretario general, decidió retirar su apoyo a los presupuestos de García-Page, lo que, de hecho, dejaba al PSOE en la cuerda floja.
La posición de Iglesias ha cambiado respecto al PSOE por dos motivos:
1º La recuperación de la secretaría general por Sánchez abre la opción de un giro a la izquierda del Partido Socialista.
2º La posibilidad del sorpasso se ve cada día más lejana y Podemos quiere hacer efectivo su poder antes de que unas nuevas elecciones le releguen a una posición irrelevante.
Por esa razón, el acuerdo de gobierno en Castilla-La Mancha (que supone la incorporación de dos miembros de Podemos en el Ejecutivo, incluida una vicepresidencia para García-Molina), no puede ser analizado como un simple convenio para dar estabilidad a una comunidad autónoma, sino como el primer paso en una estrategia clara de Iglesias para alcanzar a pactos más ambiciosos, como una moción de censura contra Rajoy en la que el candidato alternativo sería Sánchez.
El acuerdo demuestra la voluntad de Iglesias de profundizar en un pacto anti-Rajoy con el PSOE. Pero con riesgos.
Este giro tiene sus riesgos para Podemos y para el PSOE. Hay que tener en cuenta que los Anticapitalistas (que controlan Andalucía) están en contra de pactar con los socialistas. Además, en Castilla-La Mancha la situación de Podemos está marcada por las divisiones internas. García-Molina no sólo tiene en contra a los Anticapitalistas, sino a los errejonistas, que tienen un relativo poder en la región. Las dimisiones en bloque de las direcciones de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Puertollano, son una muestra del polvorín en el que se ha convertido el partido morado en Castilla-La Mancha. Las formas de García-Molina, su tendencia a adoptar medidas importantes sin contar con el resto de dirigentes del partido, complican aún más el panorama.
Pero el peligro para el PSOE es aún mayor. El gobierno de Castilla-La Mancha se logró gracias al acuerdo de investidura con Podemos: García-Page sumó 17 escaños (14 del PSOE y 3 de Podemos), frente a los 16 del PP. Ciudadanos no logró ni un escaño, a pesar de haber obtenido 94.626 votos (12.000 menos que Podemos). Pero, sumando los votos de PP y Ciudadanos resulta que el centro derecha tiene en Castilla-La Mancha más votos que la suma del PSOE y Podemos (505.512 frente a 502.109). Eso quiere decir que la mayoría lograda es muy endeble y que cualquier viraje del PSOE hacia la izquierda podría dar como resultado un corrimiento del voto del centro hacia el PP o hacia Ciudadanos, con lo que García-Page tendría muy complicado repetir gobierno en las elecciones de 2019.
Además, a nivel nacional el PSOE debe cuidar el voto de centro izquierda, donde reside su verdadero poder. La mayoría de los votantes socialistas, según las últimas encuestas, valoran mejor los acuerdos con Ciudadanos que con Podemos. Sánchez tiene que jugar sus bazas con prudencia para que los acercamientos a Podemos nunca sobrepasen los movimientos puramente tácticos.
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