Bankia, heredera del negocio de la extinta Caja Madrid, ha presentado un escrito de alegaciones ante la Audiencia Nacional por el que reclama la responsabilidad civil del expresidente de la entidad Miguel Blesa, fallecido el pasado 19 de junio, en el marco del proceso de las tarjetas black.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Bankia, que ejerce la acusación particular como perjudicada por los hechos juzgados en esta pieza separada, se opone además en el documento a devolver a los herederos de Blesa cualquier cuantía depositada por el exbanquero durante el procedimiento, incluidos los cerca de 437.000 euros que desembolsó con su tarjeta.

De este modo, la entidad, que también ha registrado estas alegaciones ante el Tribunal Supremo, reclama que se haga efectiva la condena dictada el pasado 23 de febrero por la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que obligaba a Blesa a responder de forma conjunta y solidaria con el resto de condenados de las cantidades totales dispuestas entre 2003 y enero de 2010, cuando todavía estaba al frente de Caja Madrid.

En total, unos 9,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, cuya cuantía final deberá ser fijada después de que el Supremo se pronuncie acerca de los recursos interpuestos por las partes y de la que habría que descontar lo percibido por los exconsejeros y exdirectivos fallecidos o apartados de la causa, así como los ingresos efectuados al FROB y Bankia. Las mismas fuentes apuntan a que los magistrados podrían deliberar acerca del escrito a partir de septiembre, una vez inaugurado el nuevo curso judicial y a la vuelta de la pausa estival, dado el carácter inhábil del mes de agosto.

Estas apelaciones se conocen después de que el pasado 31 de julio el Tribunal Supremo declarase extinta la responsabilidad penal del que fuera presidente de Caja Madrid, inicialmente condenado a seis años de prisión por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black, a consecuencia de su fallecimiento. En su diligencia, la sala segunda del alto tribunal formalizaba y daba traslado a la Audiencia Nacional de una medida contemplada por la ley para todos aquellos casos en los que se produzca la defunción del condenado, incluso antes de que la sentencia se haya hecho firme.