La pandemia ha disparado el "robo" de fotografías publicadas en sus perfiles sociales por chicas menores de edad, de entre 12 y 18 años, para utilizarlas como reclamo en portales pornográficos de pago.

El fiscal de Delitos Informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, ha dicho que, tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus, en la provincia se están recibiendo entre diez y quince denuncias mensuales por el uso fraudulento de fotografías de menores para promocionar páginas web pornográficas.

Una práctica que, en su opinión, ha sido propiciada por el mayor uso de internet durante el confinamiento, pero también por la sobreexposición de los adolescentes en las redes sociales, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años.

Desde hace meses, la policía ha empezado a recibir denuncias de padres de menores que han constatado que fotografías que sus hijas habían colgado en sus perfiles sociales -en bikini o ligeras de ropa- se estaban utilizando para promocionar portales de pornografía, a menudo aprovechándose de la "popularidad" que esas adolescentes tienen en internet.

Según Valverde, ese tipo de webs descargan imágenes que las afectadas han colgado libremente en las redes, con lo que difícilmente se puede perseguir su uso por la vía penal, y después las difunden para publicitar portales pornográficos de adultos, en los que las menores afectadas no aparecen.

Pese a que el fenómeno no tiene un encaje penal claro -no se puede tipificar como pornografía infantil, porque las webs son de adultos-, los padres de las menores tienen la opción de acudir a la vía civil para reclamar indemnización por el uso fraudulento de las imágenes o instar a sanciones económicas por la utilización indebida de datos personales.

Este no es el único delito informático que ha crecido al abrigo de la pandemia de coronavirus, según mantiene Valverde en su memoria de actividad de 2020: los relacionados con la pornografía infantil también se han triplicado en los últimos meses en España.

Solo en la provincia de Barcelona, se abrieron el año pasado 61 procedimientos penales por pornografía infantil, lo que supone un incremento del 169 % con respecto al año anterior, mientras que el acoso a menores a través de las telecomunicaciones casi se duplicó.

La memoria no recoge ninguna investigación penal abierta a los portales de internet que hacen apología de los trastornos alimentarios, uno de los problemas sanitarios que más ha afectado a adolescentes y jóvenes durante el confinamiento.

El recorrido penal para perseguir esas webs era muy limitado hasta julio de este año, cuando se han tipificado como delito tanto la incitación a los trastornos alimentarios como la inducción a las autolesiones, a raíz de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia.

Otro de los delitos que ha crecido exponencialmente con la pandemia son las estafas informáticas: a lo largo de 2020 se contabilizaron 33.522 denuncias policiales, aunque solo el 2 % llegaron al juzgado porque la falta de autor desconocido impidió que fueran judicializadas.

Las estafas más habituales están relacionadas con la compraventa de artículos por internet, aunque también van en aumento los fraudes de inversiones con criptomonedas o mediante la suplantación de empresas proveedoras, en muchos casos de administraciones públicas.

De hecho, la justicia investiga desde 2019 una estafa digital que ha afectado a una cincuentena de consistorios catalanes, mediante la suplantación de los números de cuenta de proveedores habituales de los municipios.