El expresidente catalán Carles Puigdemont tiene una cita este lunes con el Tribunal de Sassari (Cerdeña) para que los magistrados decidan si le entregan a España para ser juzgado por los delitos de sedición y malversación por impulsar el proceso independentista catalán, como reclama el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, o por el contrario archivan o suspenden la petición del instructor del procés.

Son tres magistrados los que decidirán al respecto a partir de la vista en la que estarán presentes los abogados español e italiano de Puigdemont, Gonzalo Boye y Agostinangelo Marras.

La presidenta de la Sección Penal de la Corte de Apelación de Sassari, Plinia Azzena, decidió dejar en libertad sin medidas cautelares al expresident después de su detención en el aeropuerto de Alguer por parte de la policía italiana el 23 de septiembre. La Polizia di Stato recibió en el control de pasaportes del aeropuerto la alerta de la orden europea de detención contra él que continúa activada por el juez Llarena. La Corte de Apelación, en una resolución del 24 de septiembre a la que tuvo acceso este diario, consideró legal la detención de Puigdemont por parte de la Policía. Su abogado había puesto en duda dicha legalidad porque considera que la euroorden del Supremo contra Puigdemont está suspendida hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre la cuestión prejudicial que presentó Llarena preguntando si podía reclamarle una vez que Bélgica le negó la entrega del exconsejero también fugado y procesado Lluis Puig.

Inmunidad y suspensión de la OEDE

Precisamente esa interpretación del estado de la euroorden contra Puigdemont y el alcance de la inmunidad que los jueces sardos entiendan que tiene serán claves para su futuro.

El juez Llarena pide la entrega inmediata de Puigdemont asegurando que la euroorden contra él nunca ha estado suspendida porque, asegura, sólo el instructor de la causa puede suspenderla. Así se lo manifestó a los jueces de Cerdeña en un oficio el pasado viernes, en el que también sostuvo que en este momento Puigdemont no está protegido por a inmunidad parlamentaria, puesto que el Parlamento Europeo se la retiró y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) no acordó devolvérsela como medida cautelar para que no fuera detenido.

Sin embargo, la versión que la Abogacía del Estado (en representación del Estado español) ha sostenido sobre el asunto es distinta: los servicios jurídicos del Estado consideran que la orden de detención contra el expresidente catalán sí quedó suspendida hasta que haya un pronunciamiento del TJUE sobre la cuestión prejudicial de Llarena.

Sobre la inmunidad, la Corte de Apelación de Sassari en el citado documento firmado por su presidenta, ya consideró que la inmunidad de Puigdemont permanece "intacta" todavía.

Está convencido de que no le entregarán

El expresidente Puigdemont y su defensa están convencidos de que no le extraditarán. El viernes, in extremis, pidió al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que le devuelva la inmunidad parlamentaria como medida cautelar. Dicha petición no influirá en la decisión de la Corte de este lunes. Es decir, no implica que vaya a aplazar la decisión mientras se resuelve la petición de medidas cautelares, según espera la defensa de Puigdemont consultada por El Independiente.

El juez Llarena, adelantándose a dicha petición, pidió a los jueces italianos que, si no acceden a entregar al procesado, no archiven la causa sino que la mantengan suspendida para poder reactivarla si deja de ser diputado europeo.

También pidió alternativamente que suspendan la entrega hasta que haya un pronunciamiento del TJUE a su cuestión prejudicial si entienden, como la Abogacía del Estado, que la euroorden quedó suspendida por dicha consulta.