Hasta hace unos meses era habitual, casi permanente, una imagen dentro y fuera del aeropuerto de Palma de Mallorca: la de conductores de microbuses y de comerciales de las empresas de autocares tratando de captar in situ a grupos de turistas para trasladarlos a sus alojamientos. El regateo del precio y la contratación se hacía en la propia terminal del aeropuerto o incluso directamente en la cola de la parada de los taxis.

El Gobierno balear quiso poner fin a lo que considera una “competencia desleal” con el servicio de taxi, y el pasado mayo aprobó un decreto que reforma la Ley de Transportes regional y que obligaba a las compañías de transporte discrecional en autobús a la contratación previa de los viajeros, equiparando así las condiciones a la de los servicios de vehículo de conductor (la famosas licencias VTC).

El Ejecutivo regional les prohibía así captar clientes fuera de sus oficinas y de locales “con el fin de evitar las situaciones de oferta ilegal y de competencia desleal con otras modalidades de transportes que se producen con la captación de viajeros en las vías públicas o en los centros generadores de servicios, como son los puertos, los aeropuertos, las zonas de ocio…”, según se recoge en el decreto.

Pero en el Gobierno central esa norma no ha gustado, y ha iniciado ya el proceso para frenar su aplicación. El Ministerio de Fomento ha remitido ya al Ejecutivo balear un escrito de conciliación, que es el primer paso para impugnar la legislación regional, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso.

Fomento activa el proceso

El departamento comandado por Íñigo de la Serna entiende que Baleares invade competencias estatales con decreto aprobado. Según Fomento, al imponer a las empresas las exigencias de contratación previa la Conselleria balear de Territorio -de la que depende la Dirección de Movilidad y Transportes- estaría invadiendo competencias de legislación mercantil, que son exclusivas de la Administración central.

Con el envío de este escrito, el Gobierno da comienzo al procedimiento para tumbar la normativa regional. Una vez que el Ejecutivo balear presente sus alegaciones al requerimiento ministerial, el Gobierno central puede acabar presentado un recurso por invasión de competencias ante el Tribunal Constitucional.

La actividad de las empresas de autobuses que cazaban turistas en el aeropuerto de Palma (en torno a una docena de pequeñas compañías de transporte con una flota conjunta de entre 60 y 70 microbuses) había provocado enfrentamientos con los taxistas. De hecho, un día antes de que el Govern aprobara el decreto, los taxistas dejaron de prestar servicio en el aeropuerto mallorquín durante horas y colapsaron la terminal con miles de turistas que no encontraban un medio de transporte.