Nueve días, decenas de llamadas e incontables cafés después, el Gobierno y el Partido Popular culminaron en la noche del jueves su primer gran acuerdo de una legislatura en la que ha primado el enfrentamiento constante y directo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. La predisposición para alcanzar un pacto para renovar cuatro de las cinco instituciones pendientes era "total", y ninguna de las dos fuerzas quisieron demorar un día más la consecución de un acuerdo que no se comunicó de forma oficial hasta pasadas las nueve de la noche. Pero ahí estaba. El listado definitivo para la renovación del Tribunal de Cuentas, el Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos acerca más que nunca a PSOE y PP incluso con la coyuntura política en contra, pero con la incógnita de conocer qué pasará en las próximas semanas con la renovación del Poder Judicial.

Los teléfonos de los dos interlocutores, Teodoro García Egea por el PP y Félix Bolaños por el PSOE no han dejado de sonar durante toda la semana, pero el acuerdo no culminó hasta la última reunión que ambos dirigentes mantuvieron de forma presencial en el Congreso de los Diputados este mismo jueves. La cita no comenzó hasta pasadas las siete horas de la tarde y se alargó dos horas. El ruido y el caos que en ese momento reinaba en la Cámara Baja por el embrollo entre Meritxell Batet y el Tribunal Supremo a cuenta de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez no impidió que la cita entre Egea y Bolaños fructificase. Allí mismo, según fuentes conocedoras de las conversaciones, ambos se intercambiaron por vez primera el listado definitivo con los nombres que tanto PSOE y PP proponían para la renovación institucional. El reparto era equitativo: dos para la Agencia de Protección de Datos y para el Defensor del Pueblo; cuatro para el Tribunal Constitucional y doce para el Tribunal de Cuentas.

El resultado generó satisfacción en ambas partes. Durante la semana se habían limado asperezas con otros nombres que sí habían generado cierta fricción, como el catedrático Enrique Arnaldo a propuesta del PP, que generó recelos en los socialistas por haber sido investigado hace años en el caso 'Palma Arena' junto a Jaume Matas. Los populares, por su parte, respiraron tranquilos cuando comprobaron que el nombre de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia hasta hace tres meses con Sánchez, tampoco estaba en la lista, aunque la posible candidatura del ministro que aprobó los indultos levantó recelos en las filas populares. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no negó en una entrevista en Onda Cero posterior al acuerdo era un nombre que sí estuvo encima de la mesa. "Hemos hablado de mucho de muchos perfiles", añadía.

El acuerdo culminó en un momento en una coyuntura complicada tanto para García Egea como para Félix Bolaños, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin ir más lejos, mientras se celebraba la cumbre entre PP y PSOE en la Cámara Baja, la mujer del secretario general de los populares y 'número dos' de Pablo Casado había salido de cuentas y estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. Pero el gran acuerdo entre PSOE y PP llegó antes. "Mañana o pasado va a venir al mundo el pequeño Ignacio. Se han alineado los astros y ha permitido que por primera vez en la historia de estos grandes acuerdos hayamos pactado un criterio general para que todos los miembros sean profesionales reconocidos e independientes", celebraba Egea.

Por su parte, el nuevo 'hombre fuerte' de Pedro Sánchez cuenta con una larga lista de frentes abiertos del que ya puede borrar, al menos, la renovación de cuatro de los cinco órganos pendientes de un acuerdo con el PP. De él depende la ambiciosa reforma constitucional que pretende encauzar el Ejecutivo de aquí a que termine la legislatura -sin prácticamente ninguna esperanza de éxito-, así como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con la presión de ERC y el desafío de Otegi y Bildu como telón de fondo.

González Cuéllar por Concha Espejel

En el cuartel general de Génova se congratulan por cómo han evolucionado las conversaciones y celebran que el PSOE haya aceptado el criterio de despolitizar al menos los órganos jurisdiccionales, esto es, el Tribunal Constitucional y el de Cuentas, copados de más nombres técnicos y políticos. Por eso, según comunican fuentes populares, cuando Félix Bolaños presentó a Teodoro García Egea el listado definitivo de los socialistas, éste no puso "ni una pega" por adaptarse a sus condiciones, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional.

Inicialmente, los dos nombres del PP para el Tribunal Constitucional era el de Enrique Arnaldo por un lado y el de catedrático de Derecho Procesal y abogado Nicolás González Cuéllar. Sin embargo, conforme evolucionaban las conversaciones, hubo un cambio de criterio y los populares decidieron situar en su lugar a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concha Espejel para hacer bandera de la paridad de las propuestas del PP en los órganos constitucionales. "Por primera vez en 40 años el PP propone a una mujer como magistrada del Tribunal Constitucional", se congratulan los populares. Los dos nombres del PSOE son finalmente el de Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

Para el Defensor del Pueblo, PSOE y PP han acordado que sea Ángel Gabilondo tome las riendas del órgano, un nombre que siempre había sido la propuesta de los socialistas y que los de Pablo Casado aceptaron de buen grado. Por su parte, el PP ha propuesto como número dos de Gabilondo para el órgano a la diputada Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal asesinado por la banda terrorista ETA en 1998, un gesto que los populares destacan como un claro guiño a las víctimas del terrorismo en un momento en que el primer partido de la oposición hostiga a Pedro Sánchez para que rompa sus pactos con Bildu coincidiendo con el décimo aniversario del fin de la violencia.

Con el listado ya definitivamente resuelto y de acuerdo con el propio funcionamiento de la Cámara Baja, es previsible que la votación definitiva tanto en Congreso como Senado para la renovación de los órganos no llegue hasta la semana del 10 de noviembre. Para entonces, ambas partes esperan haber dado pasos decisivos en la resolución del bloqueo del Poder Judicial, una negociación en la que se han producido tímidos avances que aún resultan insuficientes. El PP insiste en que no se moverá de su exigencia de que el Gobierno registre en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales y que "los jueces elijan a los jueces". En el PSOE se abren a "hablar de un nuevo marco normativo", pero insisten en la premisa de atajar tal compromiso una vez se haya renovado el CGPJ "como manda la Constitución".