El eterno debate sobre el aborto ha tensado las costuras del Partido Popular desde hace casi cuatro décadas. Hace un par de semanas y ante una plaza de toros abarrotada, el presidente del PP, Pablo Casado, exhibió la unidad y el consenso del partido ante la hoja programática que, sin entrar en detalles, prometió desplegar si los populares volvían a pisar el Palacio de la Moncloa. Meses atrás y ante el ascenso de Vox, el presidente del PP se comprometió a que el partido volvería a pisar todos los "charcos" ideológicos, desde la ley de memoria hasta la eutanasia, el feminismo o el aborto. Pero esta última palabra no apareció ni una sola vez en los más de 60 minutos que duró el discurso de Casado en Valencia, en el que sí lanzó un alegato: "Libertad, igualdad y maternidad. Esa es la nueva revolución".

Las propuestas sobre la mujer en general y sobre la interrupción voluntaria del embarazo en particular se ha cobrado cabezas, ha reabierto heridas y ha infringido auténtico daño electoral al Partido Popular. El aborto es un asunto en el que, por mucho que lo intente, Pablo Casado no encontrará consenso entre sus filas. Por eso, dirigentes de la dirección nacional insisten en que éste es un terreno árido que deben rodear en la medida de lo posible. "La izquierda siempre ha utilizado ese debate para hundirnos en nuestro mejor momento", comenta un alto cargo popular. "Reabrir heridas puede hacernos mucho daño", insiste.

En el debate sobre el aborto ni siquiera Pablo Casado ha tenido una posición clara. El actual jefe de la oposición y futuro candidato a La Moncloa llegó a la presidencia de la formación en 2018 de la mano de José María Aznar, como figura representativa del PP más ideológico y conservador frente al ala tecnócrata personificada en Soraya Sáenz de Santamaría, mano derecha de Mariano Rajoy. En febrero de 2019, Pablo Casado se comprometió a derogar la actual ley de plazos para volver a la de supuestos de 1985 de Felipe González. "Yo volvería a la ley que tenía un consenso social, una ley que no había ninguna necesidad de cambiar (...). Apostamos por una cultura progresista en favor de la vida", zanjó Casado en una entrevista para Efe.

Hoy, el Partido Popular sí fija una posición manifiesta respecto a la eutanasia -se comprometen a impulsar una ley de Cuidados Paliativos que sustituya la normativa actual- o respecto a la ley de Memoria -que reemplazarán por una ley de Concordia que impulsarán de llegar a Moncloa-, pero cuando toca hablar sobre el aborto la claridad se diluye. Pablo Casado prometió en Valencia legislar "en positivo" y "siempre a favor de la vida", pero al margen de los incentivos a la natalidad y a diferencia de 2019 el presidente del PP no aclara si optaría por la derogación y volvería al modelo de supuestos o mantendría con algunos cambios la vigente ley del aborto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

La actual ley de plazos permite la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación ampliables a 22 en algunas excepciones recogidas en el artículo 15 de la norma. La única reforma que el PP logró sacar adelante se aprobó en 2015, e implicaba restringir el acceso al aborto a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento de sus progenitores. Un año antes, en 2014, Mariano Rajoy decidió retirar el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al no contar con el consenso social suficiente para llevarla a cabo, lo que puso punto y final a la carrera pública del político madrileño. En las elecciones de 2015, el PP pasó de 186 diputados a tan sólo 123, lo que en algunos sectores del partido se interpretó como un castigo de los votantes por la tibieza de Rajoy con el aborto.

La propuesta implicaba retroceder casi tres décadas en la legislación del aborto, precisamente hasta la ley de supuestos de 1985, que sólo permite a las mujeres poner fin a su embarazo en circunstancias muy concretas, como en los casos de violación, de peligro para la salud de la madre o de malformación fetal. Ésta es la norma que abrazaba Pablo Casado a principios de 2019 pero, casi tres años después, ni él ni el resto del partido adopta una posición clara y única respecto a un eterno debate que sigue dividiendo al PP.

Dirigentes populares consultados por El Independiente se inclinan por asumir la ley de Zapatero actualmente vigente por su amplia aceptación social, aunque en el futuro se adopten posibles reformas del texto en materia de fomento de la natalidad. Por contra, hay sectores conservadores en el partido que no conciben la posibilidad de que el PP acepte la norma impulsada por el PSOE en 2010 y que ven como única vía la derogación de la misma si Pablo Casado logra hacerse con las riendas de Moncloa. En la decisión final del presidente del PP jugará mucho la fuerza con la que ganase unas hipotéticas elecciones generales, ya que el mayor o menor concurso de Vox, decidido a derogar el aborto en España, podría inclinar definitivamente la balanza.

Almeida defendió públicamente y "a título personal" volver a la ley de supuestos de 1985

Aunque en el PP evitan abrir en público ese melón, algún dirigente ya se ha posicionado públicamente y "a título personal" respecto al aborto. Es el caso del alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que hace unas semanas instó a Casado a no caer en los errores del pasado -en alusión a la negativa de Mariano Rajoy a reformar la ley vigente- y se expresó sin cortapisas sobre la idoneidad de retornar a la ley de supuestos de 1985. "En el PP el no cumplimiento de promesas electorales ha hecho que se produjera un decrecimiento de nuestro apoyo electoral", manifestó Almeida, presentando la batalla ideológica, en este caso en la cuestión del aborto, como vía para impulsar el regreso de los votantes huidos a Vox. Las palabras del alcalde generaron recelos en algunos sectores de la cúpula nacional. "Es un error", manifestaban las fuentes consultadas.

El recurso en el Constitucional, 11 años estancado

Hace 11 años que el PP presentó un recurso contra la ley del aborto de Zapatero, pero el Tribunal Constitucional (TC) sigue sin tener una sentencia firme al respecto. La ponencia está guardada desde hace años en el cajón de un despacho en particular: el del magistrado y ex diputado del PP Andrés Ollero, que saldrá de la institución en las próximas semanas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para renovar las instituciones, un pacto que incluye al Tribunal Constitucional. Esta circunstancia implica que, por tercera vez, la ponencia contra la ley del aborto cambiará de manos y será el nuevo plantel de magistrados el que decida si aborda o no en Pleno la inconstitucionalidad de la ley de Zapatero, un veredicto que se estima clave para los siguientes pasos que dé Pablo Casado en la materia.

Tan delicado es el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo que el recurso sobre esta cuestión es el texto que más tiempo lleva bloqueado en el seno del Constitucional en toda la historia del órgano. Tras 11 años de parálisis, un grupo de ex diputados del PP y Abogados Cristianos presentaron sendas denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por "dilaciones indebidas" en el proceso judicial. La intransigencia de los sectores conservadores amenazó con reactivar el caso del aborto en el Constitucional, pero, con todo, aún no hay un plazo determinado para la resolución de un recurso cuyo fallo, sea cual sea, tendrá efectos inmediatos sobre la opinión pública y un impacto directo sobre la clase política.