Hay dos tipos de abogados en las causas judiciales que implican a políticos: los que evitan a los medios de comunicación y los que fingen que los evitan pero se hacen los encontradizos. Gonzalo Boye (Villa del Mar, Chile, 1965) es de los segundos. Y esa es sólo una de las claves para entender por qué ha llegado a ser quién es en España.
El abogado de los expresidentes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra, del exjefe de ETA Josu Ternera o del narcotraficante Sito Miñanco, acaba de asumir la defensa del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuya expulsión del Congreso de los Diputados tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a una multa económica y un mes y medio de inhabilitación para el sufragio pasivo por pegar a una patada a un policía en 2014 ha provocado una crisis de Gobierno, además de un embrollo jurídico.
Todavía hoy, con aclaración mediante del alto tribunal, dos informes de los letrados del Congreso y la decisión de la presidenta de la Cámara Meritxell Batet de retirar el escaño al diputado tras una bronca reunión de la Mesa del órgano, no queda claro si la inhabilitación a la que fue condenado implica que tuviera que dejar su escaño. Expertos en derecho penal, incluso magistrados del Tribunal Supremo, tienen opiniones encontradas al respecto. Y Boye es un procesalista que se agarra muy bien a cualquier brecha legal. Que se lo digan al instructor del procés Pablo Llarena, que cuatro años después del referéndum ilegal del 1-O sigue reclamando a los países europeos la entrega de Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación.
Ha demostrado que no tiene ningún reparo en presentar a la Justicia española en general y al Tribunal Supremo y sus magistrados en particular ante Europa como injustos y pocos garantistas con los derechos de los parlamentarios en la causa del procés, convirtiéndose en azote del órgano. Tampoco en tratar de ridiculizar sus decisiones en las redes sociales con crípticos e irónicos mensajes. "Déjalo ya...", publicó en Twitter cuando el juez Llarena pidió a Italia que detuviera a los exconsejeros que acompañaban a Puigdemont en Cerdeña cuando los jueces italianos ya habían decidido no entregarle a España.
Experto en Comunitario y "mimetizado" con los clientes
Pero, ¿por qué confiaron en el letrado en su momento los independentistas catalanes o lo hace ahora el diputado y activista de la izquierda canaria Alberto Rodríguez? "El cliente busca lealtad. Y eso él lo da. Cuando asumes defensas complicadas, con connotaciones políticas, van a intentar minarte a través de muchas presiones, igual que a los fiscales o al juez. Y él es un abogado que no se deja intimidar", traslada a El Independiente el abogado Juan Carlos Navarro, defensor del líder de la trama Gürtel Francisco Correa que afirma que a él se le identificó con "la extrema derecha o con mafiosos" por defender al empresario en la causa en la que, por cierto, Boye era acusación popular.
No se deja intimidar, dice el abogado de Francisco Correa
Precisamente esa "valentía" la destaca también Patricia Orejudo, quien consultada por este diario afirma que el abogado "no teme a nada". La letrada es miembro del despacho Red Jurídica, cooperativa de abogados donde se defendió, por ejemplo, a los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García acusados de enaltecimiento del terrorismo. Los miembros del mismo despacho Daniel Amelang y Eric Sanz destacan el conocimiento del Derecho Comunitario por parte de Boye para ser elegido por tantos políticos.
Otros abogados que suelen asumir la defensa de políticos de derechas e izquierdas han preferido no hacer declaraciones a este medio por respeto profesional. Algunos de sus defendidos en el pasado también han rehusado que se les atribuyan declaraciones pero ven claramente que sus causas ayudaron al abogado a tener gran proyección mediática y que su carrera se disparara, puesto que no era precisamente un abogado en la sombra. Reconocen que se "mimetizara" tanto con ellos y haberse sentido apoyados, tanto por él como por su compañera de despacho y pareja Isabel Elbal, a quien Alberto Rodríguez también ha confiado su defensa.
Próximo a Jaume Asens
Columnista en el digital de línea editorial independentista ElNacional.cat, Boye ha acompañado a Puigdemont cada vez que ha ofrecido una rueda de prensa para explicar su situación de "exiliado" y "perseguido" por el Estado español. Preguntado por este diario si eso no es un hecho excepcional, Boye considera que "un abogado que no es capaz de empatizar con lo que defiende, malamente lo va a poder hacer bien. Quizá aquí en España falta más roce. Todos los abogados tanto en Bélgica como en Alemania y Reino Unido han salido en rueda de prensa también con sus defendidos", afirma en referencia a los abogados de los otros exconsejeros catalanes fugados con el expresidente catalán.
Al letrado chileno se le identifica con la izquierda, y es verdad que es muy próximo a Izquierda Unida y a algunos miembros de Podemos, como el diputado de En Comú Podem y abogado del entorno de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau Jaume Asens. Precisamente él le ha presentado a algunos de sus defendidos, según trasladan fuentes políticas a este periódico.
Pero entre los defendidos por Boye en los últimos años, además de políticos de Izquierda Unida como en su momento fue Tania Sánchez, también se encuentran políticos de otras formaciones, como Jesús Gómez, exalcalde de Leganés (Madrid) que fue quien se atribuyó a si mismo haber denunciado tres veces ante la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Ahora compagina la defensa de Puigdemont -asegura que no es la que más tiempo le quita ni la que más dinero le reporta- con otras muy dispares como la de la Selección Palestina de Fútbol o víctimas palestinas de la ocupación israelí.
El abogado se formó en la cárcel mientras cumplía condena por colaborar con ETA en el secuestro de Mariano Revilla. En conversación con este diario, incide en que defiende a Josu Ternera "igual que defiendo a víctimas del terrorismo". "En esas causas defiendo lo mismo que cuando estoy al otro lado, un marco de interpretación democrática del Derecho. Se tiende a confundir al defendido con el abogado, y eso no es muy democrático".
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