Los partidos constitucionalistas catalanes (a los que los indepes llaman despectivamente los unionistas) dieron una lección de técnica parlamentaria y de democracia a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los aturdidos diputados de la mayoría, constituida por Junts pel Sí y la CUP.

Forcadell quería un paseo militar y se encontró con una guerra de guerrillas que convirtió el Pleno de la Cámara, que debía aprobar la ley de Referéndum, en un guirigay tumultuoso y desordenado, en una bronca, que debería avergonzar de por vida a los promotores de la aventura independentista.

Ciudadanos, PSC y el PP actuaron de forma coordinada y evidenciaron con sus iniciativas el desconocimiento de Forcadell de los trámites parlamentarios que rigen la Cámara que ella preside.

La ofensiva contra el rodillo de la mayoría comenzó con la petición de reconsideración de la admisión a trámite de la ley de Referéndum. PSC, PP y Ciudadanos lo hicieron por separado, lo que provocó tres reuniones de la Mesa del Parlament.

Utilizando con inteligencia el filibusterismo, Ciudadanos, PSC y PP desenmascararon a la presidenta del Parlament, que, en todo momento, actuó como una militante más del independentismo

Los constitucionalistas se encontraron con dos aliados de peso. Tanto el secretario general del Parlament, Xavier Muró, como el letrado mayor del mismo, Antoni Bayona, se negaron a publicar el texto de la ley de Referéndum en el Diario Oficial del Parlament porque su tramitación "choca con las advertencias y dictámenes del Tribunal Constitucional y, por tanto, son ilegales". El revés de los dos altos funcionarios no detuvo a Forcadell, sino todo lo contrario.

El Parlament llegó a votar (una votación del todo irregular, ya que muchos parlamentarios no pudieron siquiera participar) la excepción de todos los trámites parlamentarios hasta la votación de la propia ley. De esa forma, se trataba de evitar el debate en comisión, el debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno y la petición de dictámenes al Consejo de Garantías Estatutarias.

El PSC pidió la reconsideración de dicha supresión de garantías. En paralelo, PP y Ciudadanos pidieron un dictamen sobre la ley al Consejo de Garantías Estatutarias. Sin entrar en el fondo de la ley de Referéndum, el propio Consejo de Garantías emitió un escrito en el que aclara que la Mesa del Parlament no puede privar del derecho a pedir sus dictámenes a la oposición. Dictámenes que, por cierto, son preceptivos.

Después de este varapalo de un órgano esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho en Cataluña, Forcadell siguió adelante. Y, de nuevo, PSC, PP y Ciudadanos exigieron a la presidenta del Parlament la resolución motivada por escrito del rechazo a sus peticiones.

El diputado de CSQP (Catalunya Sí que es Pot) Joan Coscubiela exclamó dirigiéndose a la presidenta del Parlament: "Ningún parlamento puede limitar los derechos de sus diputados".

En total, la Mesa del Parlament tuvo que reunirse cinco veces y otras cuatro la Junta de Portavoces de la Cámara. Pasadas las 19,30 horas (el espectáculo comenzó a las nueve de la mañana) una excitada Forcadell cortó a uno de los portavoces de la oposición: "¡Ya está! Procedamos a la votación".

Ciudadanos, PP y el PSC hicieron ayer un uso legítimo del filibusterismo, porque, con su ordenada táctica, evidenciaron lo fundamental de lo ocurrido ayer en el Parlament: que los independentistas están dispuestos a todo -incluso a no respetar los más elementales usos parlamentarios- con tal de sacar adelante su alocado proyecto de república independiente.

Aunque no lograron su objetivo, y rememorando a James Stewart en la película de Frank Capra Caballero sin espada (Mr. Smith goes to Washington), los constitucionalistas catalanes han hecho un gran servicio a la democracia.

Gracias a su decidida actitud, a su inteligente filibusterismo, los ciudadanos de Cataluña han podido comprobar la baja calidad democrática de los que quieren llevarles al abismo. O a una república bananera.