El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, planteó recientemente a los magistrados del órgano la implantación de un código ético en el que se reflejara la prohibición de filtrar a los medios de comunicación detalles de las deliberaciones vividas en el tribunal de garantías, así como el contenido de fallos adelantados.

González Rivas trasladó al resto de magistrados, según ha podido saber El Independiente, su preocupación porque la tensa situación vivida en el órgano los últimos meses estuviera aireándose a la prensa, trasladando una imagen poco seria del Alto Tribunal. En este sentido, afeó a los miembros del TC que hicieran filtraciones a los periodistas.

El Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias de gran relevancia pública en los últimos meses, pues han supuesto un varapalo para el Gobierno y el Congreso de los Diputados por sus decisiones para contener la pandemia de coronavirus. La primera, donde se abordó si el primer estado de alarma decretado por el Gobierno fue constitucional -concluyendo una mayoría del órgano que el confinamiento general de la población fue ilegal y no podía adoptarse bajo el paraguas de un estado de alarma sino uno de excepción en el que está prevista la suspensión de derechos fundamentales- provocó un cisma en el tribunal.

El enfrentamiento por el voto de Conde-Pumpido

La ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano salió adelante con seis votos frente a cinco, entre quienes estuvieron los magistrados de su grupo conservador Andrés Ollero y el presidente del Alto Tribunal Juan José González Rivas. Sorprendió la posición de ambos magistrados pero, sobre todo, la del presidente. Su voto contra la sentencia se interpretó como el resultado de que hubiera comprado los argumentos del magistrado Cándido Conde-Pumpido, quien más presionó para que la sentencia respaldara la actuación del Gobierno y no considerara inconstitucional el confinamiento.

Hasta tal punto, que filtró a la prensa el borrador de un voto particular contra ésta en el que atacaba a los magistrados de la mayoría, llamándoles "juristas de salón". Afirmó que el argumento de que se suspendieron los derechos de los ciudadanos en lugar de limitarse era "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" y que la decisión "aboca a la arbitrariedad en su aplicación". El magistrado que redactó la sentencia y quienes la apoyaron consideraron inaceptables las afirmaciones de Conde-Pumpido, entendiendo que les estaba acusando, prácticamente, de prevaricación. La situación alcanzó una tensión máxima en cuestión de horas y, en una decisión sin precedentes, los aludidos le pidieron hacer una rectificación. El magistrado emitió finalmente un voto particular en el que retiró las menciones que ofendieron a sus compañeros.

La situación refleja la tensión que se ha vivido en el Tribunal, dividido en dos bloques, los últimos meses. Miembros del órgano reconocen a este diario que cada vez que se abordó una decisión que afectara a la política -y precisamente se han resuelto también las sentencias sobre la prórroga del estado de alarma directamente por seis meses que se ha declarado inconstitucional y la de la paralización de las iniciativas en el Congreso cuando arrancó la pandemia que tampoco ha obtenido el respaldo del TC- la situación ha sido complicada. No niegan que el Tribunal ha estado "politizado", dividido entre quienes querían respaldar a toda costa las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y quienes no.

Un presidente "aislado"

Y en este contexto, el presidente del Alto Tribunal González Rivas no ha hablado con los miembros de su bloque (conservador) ni ha compartido con ellos sus reflexiones y argumentos. Fuentes del órgano lo describen directamente como un presidente "aislado", que estudia muchas horas las cuestiones pero no acaba de trasladar al resto su valoración u opinión antes de emitir un voto. De ahí también sus recelos, exponen las fuentes consultadas, a que la prensa conozca lo que ocurre en los Plenos.

González Rivas forma parte del tercio del Tribunal Constitucional que cumplió su mandato y será reemplazado según el acuerdo de renovación alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular este mes, que implica su sustitución, la de la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés Dal Re. Enrique Arnaldo, Concha Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez son los cuatro perfiles que el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, acordaron que propongan PSOE y PP en el Congreso y que tomarán posesión de su cargo previsiblemente la segunda semana de noviembre.

Pedro González-Trevijano será el nuevo presidente del Tribunal renovado, cumpliendo con la norma interna no escrita de que sea el miembro más veterano del órgano. Ocupará el cargo sólo siete meses, pues en junio se cumplen nueve años desde que fuera propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que tendrá que ser reemplazado por otro miembro propuesto por el Gobierno, desde donde también tendrán que proponer a un candidato para sustituir al magistrado Antonio Narváez.