Los planes de pensiones de empresa son un instrumento que apenas se utiliza en España. Solo un 10% de la población activa está actualmente cubierta con ellos, mientras que en Alemania ese porcentaje asciende al 57%; en Bélgica, al 51%, y en Francia al 25%. Esa es la situación que el Gobierno quiere revertir, para lo que este lunes aprobó el anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo a través de la creación de un macrofondo público.

El objetivo es conseguir que lleguen a alrededor del 50% de la población activa en unos 10 años, según han indicado a este medio fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, detrás de la iniciativa. O, aproximadamente, a unos 13 millones en 2030, como apareció en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, en el componente 30, el que hace referencia al sistema de pensiones.

La razón detrás de esta misión es que los planes de pensiones individuales, la figura con la que hasta ahora muchos españoles complementan su pensión, tienen comisiones especialmente elevadas y solo los utilizan trabajadores de rentas altas y muy altas (por lo que son "regresivos", según la AIReF). En porcentaje sobre el PIB, actualmente los planes de pensiones individuales representan un 7% del producto interior bruto español, mientras que los de empresa no llegan al 3%, señal de que se destina un capital significativamente inferior a estos segundos, menos de la mitad que a los primeros.

Mediante el impulso de los planes de pensiones de empresa, que conllevará, entre otros, el establecimiento de una comisión máxima muy baja que podrá cobrarse por estos fondos, Seguridad Social busca conseguir un mayor ahorro para los ciudadanos y, a la vez, que lleguen a más trabajadores. La comisión máxima quedará alrededor del 0,5%, según aparecía en el Plan de Recuperación, aunque este punto no se ha concretado en el anteproyecto de ley. Mientras, los planes de pensiones individuales cuentan, de media, con comisiones de alrededor del 1%.

Para ello, el Gobierno tiene previsto terminar la tramitación parlamentaria de la ley y publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que termine junio de 2022. Y después, quedará en manos de la negociación colectiva el implantar este sistema de una forma más generalizada que como viene sucediendo hasta ahora.

Así, los convenios sectoriales serán los que tendrán un papel explícito y predominante en la determinación de los términos en los que se regularán estos planes de empresa, ya que así se recogerá en la norma. Asimismo incluirá que el plan de empleo que se acuerde en el convenio deberá extenderse a todas las empresas del sector, independientemente de que en el marco de la reforma laboral se apruebe, o no, la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, como busca Yolanda Díaz.

Los convenios sectoriales que se negocien a partir de la aprobación de la ley también podrán incluir que las empresas deban ofrecer estos planes de empleo obligatoriamente, si así se decide, aunque la legislación no impondrá esa obligatoriedad, como sí sucede en otros países, apuntan también desde Seguridad Social. Los planes semiobligatorios de algunos gobiernos extranjeros (ninguno de los citados en el primer párrafo) imponen cláusulas de adscripción por defecto, que incorporan a los empleados a estos fondos de forma automática, aunque puede salir de los mismos si lo desean.

Hasta ahora, solo han desarrollado planes de pensiones de empresa grandes compañías y en sectores muy concretos, dejando fuera a pymes, autónomos y también en buena medida a empleados públicos. Para cambiar esa realidad ahora el Estado toma una implicación directa en su gestión, simplifica esta figura, mejora los incentivos tributarios y reconoce expresamente el peso del convenio colectivo sectorial.

Sin embargo, después serán gestoras de fondos privadas, elegidas por concurso público, las encargadas de la gestión. De esta manera, el Gobierno busca que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. La licitación estará abierta para todas las gestoras.

Son medidas que en conjunto desde Seguridad Social esperan que hagan más atractivos los planes de empleo, sobre todo a través de la reducción de las comisiones, y que, a través de ellos, se mejoren las condiciones de trabajo de los empleados, la calidad de la normativa laboral y del mercado de trabajo en general. Se trata de un compromiso que el Gobierno adquirió en los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021. En el caso de los autónomos, por ejemplo, tendrán acceso a estos fondos a través de las asociaciones de autónomos o los colegios profesionales.

Asimismo, para impulsar estos fondos, el Gobierno decidió volver a desincentivar los planes individuales través de los presupuestos generales del Estado de 2022. En el documento, se rebajó a 1.500 euros anuales la aportación deducible en el IRPF de los planes de pensiones privados. El año anterior esta ya pasó de los 8.500 euros en 2020 a los 2.000 en 2021. Al mismo tiempo, el máximo deducible de los planes de empresa ha ascendido en estos PGE a 8.000 euros. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750 euros.