Varios miles de policías y guardias civiles se han concentrado este miércoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para mostrar su rechazo a la proyectada derogación de la Ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana (Ley mordaza), más cerca tras las enmiendas pactadas por los dos partidos que sustentan el Ejecutivo. "No nos van a rendir", proclaman.

Bajo el lema 'No a la España insegura', la protesta había sido convocada por una plataforma que agrupa a casi cuarenta sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil y supone el pistoletazo de salida de los agentes a las movilizaciones por el proyecto para reformar la norma aprobada durante la etapa en el que el PP gobernaba con mayoría absoluta. Impulsada por la asociación Jusapol, y con la adhesión de la mayoría de organizaciones del ámbito de la seguridad pública, este sábado se ha convocado una manifestación que irá desde la madrileña Puerta del Sol hasta la sede del Ministerio del Interior y que sus promotores auguran que será multitudinaria.

"Esta plataforma nace para decirle al Gobierno que no nos van a callar, que no nos vamos a rendir y que seguiremos alzando la voz para que esta reforma de la ley no contribuya a la creación de una sociedad más desprotegida e insolidaria con la ciudadanía que sí cree en el orden y la convivencia", detalla el manifiesto que se ha leído en cada una de las concentraciones secundadas hoy. En la protesta desarrollada en Madrid han estado presente los líderes de PP y Vox -Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente- y el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

Policías y guardias civiles censuran que el Gobierno haya pactado la modificación de la norma con "imposición", "sin diálogo" y de forma "arbitraria", al tiempo que advierten de las consecuencias negativas que -a su juicio- tendría para el trabajo que realiza el colectivo la entrada en vigor de la nueva ley. "La reforma de este texto, pactado en los despachos, no hace sino amenazar la vida diaria de los ciudadanos y dejar desprotegidos a los policías en su trabajo diario", defienden.

En concreto, la plataforma señala cinco aspectos planteados en las enmiendas registradas por PSOE y Unidas Podemos que supondría una "desprotección" para los agentes. De un lado, que el plazo de tiempo para identificar a "personas indocumentadas" se reduzca de seis a dos horas, lo que -en su opinión- compromete su "profesionalidad".

Varios miles de agentes protestan ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para mostrar su rechazo a la reforma de la ley

Igualmente, el colectivo considera que la modificación va contra la "presunción de veracidad de los agentes", dado que se les cuestionará "solamente por ser policías". Ésta es la interpretación que hacen de una de las enmiendas en la que se plantea que el acta que se extienda gozaría de presunción "siempre que resulte coherente, lógica y razonable".

Los policías y guardias civiles intuyen también que se producirá una limitación en el uso del material antidisturbios, como viene planteando desde hace años Podemos. Formalmente no se prohíbe la utilización de pelotas de goma para disolver manifestaciones, pero los agentes -de salir adelante la propuesta-tendrán la obligación de usar los medios "menos lesivos" y evitar el uso de recursos que provoquen "lesiones irreparables".

También avisan de que esa desprotección vendrá provocada por la posibilidad de que se celebren manifestaciones espontáneas o se puedan cortar carretera y por la rebaja de infracciones derivadas de la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

"Ley pactada en los despachos"

"No creemos en una ley pactada en los despachos y que parece obedecer a los intereses de quienes desproteger a quienes han de defender a los ciudadanos de España a cambio de intereses partidistas", proclama la plataforma. Ésta pide al bipartito que "no venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas", que "sea firme en la defensa y protección" de los encargados de hacer cumplir la ley y que "no deje a los policías desprotegidos" ante la creciente "violencia" que sufren.

"No nos van a callar y las movilizaciones que hoy iniciamos sólo serán el primer paso para defender lo que es de todos: nuestra convivencia en paz, sin crispación y sin señalamientos por la profesión y las labores que llevamos a cabo en defensa de la legalidad", añaden.

El "acuerdo de coalición progresista" que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias la víspera de Nochevieja y que posibilitó la formación del actual Gobierno incluía la derogación de la conocida como Ley mordaza, avala por el Tribunal Constitucional. "Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal", detalla el documento. Dicho precepto, que castigaba los piquetes con cárcel, fue anulado el pasado mes de abril.