Si a Presidencia del Gobierno se le encendió la bombilla de convocar dos Consejos de Ministros a la semana de aquí a finales de año como una estrategia para llevar la iniciativa política y sorprender a propios y extraños, no le va a salir gratis. Y es que los socios gubernamentales quieren aprovechar esta intensiva agenda legislativa para sacar adelante los temas que están enfangados y para los que parecía no haber hueco tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado con una amplísima mayoría parlamentaria.

El sector morado del Gobierno tiene una larga lista de peticiones más allá de la reforma laboral, asunto prioritario para la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que motivó el enésimo enfrentamiento a cara de perro entre los socios el pasado de octubre. Para ellos es irrenunciable tenerla culminada antes de que acabe 2021.

Pero no es el único asunto. La subida de salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022 al objeto de contrarrestar, además, la fuerte subida de precios; la ley de Vivienda de la que hasta ahora sólo se ha aprobado la toma en consideración del anteproyecto; la ley de Memoria Democrática que rechazan aliados parlamentarios estratégicos como ERC; la Ley de Infancia en la que comenzó a trabajarse en tiempos de Pablo Iglesias como vicepresidente del área social; la Ley de protección de los Animales y una nueva ley de Empleo, son asuntos de máximo interés para Unidas Podemos.

Temor en el gobierno por una ralentización del turismo y del consumo

La coalición morada quiere hacer valer su peso en el Gobierno y su votos en el Congreso de los Diputados. Desde vicepresidencia segunda afirman que "todo lo que sea avanzar en la aprobación de algunas normas, es positivo". Con una idea que parecía más propia de la época del ex director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo y no de la ortodoxia socialista de su sucesor, Óscar López, la iniciativa ha partido de Moncloa, y aunque se ha hecho partícipe de la misma a la vicepresidenta segunda, lleva el sello del gabinete presidencial.

El objetivo declarado es superar el cuello de botella legislativo y de decretos que se ha producido en la recta final del año y consolidar la recuperación económica. Pero a nadie se le escapa que la aparición de una nueva variante de la Covid, ómicron, y la reacción de muchos países de nuestro entorno estableciendo otra vez medidas de confinamiento, hace temer al Gobierno un nuevo retroceso en las cifras económicas, siempre pendientes del turismo y del consumo.

Por eso Moncloa "aliñó" su comunicado a la prensa adelantando que esta semana "vamos a tener muy buenos datos de empleo y de Seguridad Social", además de recordar que estos días se reúne en Madrid la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, "que va a consolidar España como país de referencia del turismo seguro".

Asimismo, informaban que el Consejo de Ministros de este martes verá el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, además de aprobarse en el Congreso de los Diputados el Real Decreto de Pensiones y la Ley de Cadena alimentaria.

Socialistas y morados trabajan, al menos por ahora, con la previsión de agotar la legislatura

Tanto desde el sector socialista como morado descartan que esta aceleración tenga nada que ver con un horizonte de adelanto electoral. Trabajan unos y otros con la previsión de agotar la legislatura aún a sabiendas que la velocidad de la política, su capacidad para ir quemando etapas a paso rápido, unido a la tendencia que marquen los sondeos, puede hacer variar los planes en los próximos meses.

Sánchez insistió en la idea de la estabilidad de la legislatura durante su intervención ante la comisión ejecutiva federal de su partido, reunida este lunes en Ferraz. No hay horizonte electoral y sí unos Presupuestos Generales para 2022 que han consolidado su mayoría parlamentaria, la misma que les permitirá ir sacando propuestas en el Congreso de los Diputados conforme las apruebe el Consejo de Ministros.

Otra cosa es que socialistas y morados inicien una carrera por ver quién saca más temas de su agenda política. Algunas de ellas tienen más sello del PSOE que de UP, como la de Memoria Democrática, pero la exigencia de ERC de derogar la ley de Amnistía que el Ministerio de Félix Bolaños rechaza de plano, no facilita la cosas en la Cámara Baja. Pero UP mete prisa.

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, exigió este lunes que se respeten los tiempos parlamentarios en su tramitación y cree llegado el momento de "recabar apoyos" en la Cámara Baja. Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, señaló que esta ley es "un elemento sustancial" para su organización y espera que se pueda cumplir "cuanto antes", informa Ep.