Agentes de la Guardia Civil han iniciado una operación ordenada por la juez de Instrucción 13 de Barcelona, que instruye la investigación sobre los preparativos del 1-O, destinada a encontrar la base del censo electoral con el que la Generalitat pretende organizar la consulta del 1-O con registros en varias sedes de la Generalitat y la detención de la cúpula del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat. Tras ese registro en la sede de Economía y Hacienda se ha producido la detención del secretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep María Jové, número dos del departamento que dirige Oriol Junqueras,  y Lluís Salvadó, secretario de Hacienda y responsable del despliegue de la Agencia Tributaria catalana.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una veintena de personas han sido llamadas al procedimiento en calidad de investigadas por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos y se van a llevar a cabo 41 registros, de los que seis se han producido en sedes oficiales de la Generalitat. El resto será en despachos profesionales no oficiales y en domicilios particulares.

La operación habría llevado a la detención de 14 altos cargos, pertenecientes principalmente a la consejería de Economía, al Departamento de Exteriores y Relaciones Institucionales y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), según han confirmado a Efe fuentes del Mimisterio del Interior. Entre los detenidos se encontrarían Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales. Además, la Guardia Civil registrar en estos momentos el domicilio particular de Jové en Les Franqueses.

Reunión de urgencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de urgencia del Consell Executiu en el Palau de la Generalitat, en el que ya se encuentran varios altos cargos de la Generalitat, donde el ejecutivo analizará la situación provocada por los registros. El vicepresidente, Oriol Junqueras, ha denunciado a primera hora de la mañana que los registros se están produciendo sin niguna notificación previa del juzgado.

Esta operación ha llevado al cuerpo policial a realizar registros en las sedes de los departamentos de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es Oriol Junqueras, Exteriores y Relaciones Institucionales, en manos de Raül Romeva, y Gobernación, cuya titular es la republicana Dolors Bassa. La ANC, Ómnium y la CUP ha respondido a los registros con un llamamiento a la movilización ante la sede de la Conselleria de Economía en la Rambla Catalunya de Barcelona, donde ya se concentran decenas de manifestantes.

 

Agentes de la benemérita han entrado además en dependencias del Instituto Catalán de Finanzas, que gestiona la ventanilla electrónica de la Generalitat, y la recién estrenada sede de la Agència Tributària de la zona franca de Barcelona, además de entidades y empresas vinculadas, como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), o TY-Sistems (responsable del seguimiento infromático del 9-N), además del consorcio de la Administración Abierta de Cataluña. El operativo buscaría, según algunas fuentes. el sistema de registro informático que la Generalitat habría preparado con plan B para que los catalanes puedan consultar mesas y colegios electorales en caso de que se requisaran las tarjetas censales y las notificaciones de participación en las mesas electorales, como sucedió ayer en Terrassa.

La sede de la Vicepresidencia se encuentra en el número 19 de Rambla Catalunya y hacia las 8 de la mañana varios vehículos de la Guardia Civil han llegado hasta este departamento. Todavía no se conoce si los agentes están efectuando algún registro en sus dependencias o han demandado documentación, aunque sí está confirmado que los agentes también están en otras sedes de la Generalitat.

La operación policial se enmarca dentro de las actuaciones para frenar el referéndum del próximo 1 de Octubre. Ayer, la Guardia Civil intervino en diferentes sedes de la empresa Unipost más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.

El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales, según ha informado el Ministerio del Interior. A lo largo del día se produjeron diferentes inspecciones en sedes de la empresa Unipost en Manresa, l’Hospitalet de Llobregat y Barcelona y una entrada y registro ordenada por el Juzgado Número 3 de Terrassa, en funciones de guardia, en las instalaciones de esta empresa en dicha localidad.