El juez que ordenó este miércoles la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En un auto de entrada y registro de la operación lanzada ayer, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre "actuaciones encaminadas al desarrollo de las Estructuras de Estado e independencia de Cataluña".

Concretamente, el juez busca documentación relacionada con las dos partidas presupuestarias, que suman 6,2 millones de euros, que fueron aprobadas el gobierno catalán para la celebración del referéndum y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional, informa Efe.

En su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particular y profesional de los investigados e inspeccionar "la totalidad de archivos, muebles y habitáculos" existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con "la celebración del referéndum del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado".

El juez ordena buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con "la contratación con entidades públicas o privadas" para la "planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado".

"Todo ello que permita conducir al esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores de todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado, la celebración del referéndum para la consecución de la independencia de Cataluña y demás hechos objeto de la presente investigación (...)", prosigue el auto.

Según mantiene el magistrado, la operación policial de ayer está justificada "no solo por la gravedad de los hechos y la plena convicción de la autoría de los mismos, sino que se constata a través del minucioso relato contenido en el atestado" de la Guardia Civil.

Con la práctica de los registros, añade el juez, se pretende "localizar y asegurar documentación y efectos" y obtener información de interés para la causa, al tiempo que evitar la "posible destrucción de pruebas" así como la ocultación de "fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva" o de "información que vincule a otras personas con la trama".

Además de la información almacenada en los dispositivos informáticos, el juez ordenó a los guardias civiles intervenir "cualquier dispositivo de comunicación o electrónico" que tuvieran consigo los detenidos y realizar un volcado del contenido de los aparatos, de ser técnicamente posible.

"Del mismo modo se autoriza la adopción de cualquier medida (inclusive la detención), contra todos aquellos que trataren de impedir, obstaculizar y evitar la práctica de las diligencias acordadas en esta resolución", añade el auto de entrada y registro.

En su resolución, el magistrado argumenta que haya declarado el secreto de sumario de la causa por la necesidad de "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación y, además, por la relevancia pública de los investigados, a los que debe preservarse su bien nombre y crédito personal (...)".