El BBVA considera que la instrucción judicial de la pieza separada en la que se investiga el pago millonario al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo como contraprestación por la realización de informes de Inteligencia está "agotada" después de más de tres años y se opone a que se alargue el plazo para seguir practicando pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.

En un escrito fechado este miércoles, la defensa de la entidad financiera pide al juzgado que no acuerde más diligencias después del próximo 29 de enero, fecha en la que expirará la última de las prórrogas acordadas en este procedimiento (iniciado el 4 de diciembre de 2018). No obstante, ello no impediría que se pudieran practicar después de ese día.

Investigado en el caso como persona jurídica, el banco defiende que no existen razones para "prolongar todavía más una investigación que ya es muy extensa" después de 36 meses de instrucción, plazo en el que -asegura- ha presentado un centenar de escritos con documentación que suman "más de cien mil folios". "Todo ello ha llevado a que, a día de hoy, nos encontremos ante 26 tomos de actuaciones y muchos gigabytes de documentación anexa que componen una investigación ingente y ya agotada", exponen los abogados Jaime Alonso y Helena Prieto.

Para sustentar su oposición, el BBVA sostiene que todas las diligencias que se han venido practicando en los últimos cinco meses -desde la última prórroga- "han resultado inútiles" ya que no han proporcionado "ningún dato nuevo". Prueba de ello, resalta, es la entrada y registro llevado a cabo la pasada semana en el domicilio del ex jefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano: se le intervino la fotocopia de una oferta presentada por la empresa de Villarejo (Grupo Cenyt) por la prestación de servicios que ya constaba en las actuaciones desde 2019.

Tampoco considera que el hecho de que varios investigados hayan pedido al juez que les tome declaración -tras acogerse a su derecho a guardar silencio en su momento al encontrarse entonces las actuaciones bajo secreto de sumario- justifica una ampliación del plazo de instrucción, toda vez que pueden acordarse antes de final de enero aunque se les cite con posterioridad.

El banco dice que cualquier diligencia es ya "inútil" tras tres años de instrucción y haber entregado al juez "cien mil folios"

"El juzgado, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene la obligación de investigar, sí, pero debe hacerlo por medio de las diligencias de instrucción 'necesarias' y 'pertinentes' que permitan sin demora tomar la decisión de concluir la instrucción en el sentido que proceda, evitando las dilaciones innecesarias, la eternización de la instrucción con diligencias inútiles", mantienen.

Junto a las declaraciones, algunas de las partes personadas en el procedimiento han pedido en los últimos días al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que acuerde nuevas diligencias tras las recientes declaraciones efectuadas en sede judicial por el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, el antiguo director de Seguridad Julio Corrochano y el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Manuel Vázquez, los tres imputados en esta pieza del caso Villarejo.

Así, el ex directivo de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Ángel Garay ha solicitado la imputación de varios mandos policiales, entre ellos el comisario general de Policía Judicial (José Santiago Sánchez Aparicio). Esta parte quiere que este comisario principal aclare la reunión que, en diciembre de 2014, mantuvo con Vázquez y Corrochano en la sede de la UDEF.

Reunión en la UDEF

"En el transcurso de dicha reunión, el director de seguridad corporativa del BBVA, que llega de la mano del jefe jerárquico del comisario jefe de la UDEF, le da a conocer a este último la actividad extorsiva de Ausbanc contra entidades financieras y le entrega el informe realizado por Rafael Redondo, esto es Cenyt, y el borrador de la denuncia que BBVA va a presentar contra Ausbanc", relata Garay en su escrito tras las declaraciones efectuadas por Manuel Vázquez y Julio Corrochano en el juzgado.

La pieza en la que se investiga la contratación de la empresa de Villarejo por parte de la entidad financiera que presidía Francisco González es clave para Ausbanc, que -como acusación en esta pieza- trata de que afloren todas las evidencias que acreditarían que el comisario ya jubilado estaba detrás de la denuncia anónima que motivó el inicio de la investigación a esta organización y que se ha traducido en una condena de ocho años de cárcel a su presidente, Luis Pineda. Éste ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo.