El juez Pablo Llarena no sabrá hasta mayo o junio si puede pedir a Bélgica la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont para que el Tribunal Supremo le juzgue por impulsar el proceso independentista de 2017.

Está previsto que en esa fecha haya sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial que presentó el instructor del procés. En ésta, planteó si puede continuar reclamando a Bélgica la entrega del político catalán para que el Tribunal Supremo le juzgue por sedición y malversación -delitos por los que fueron condenados los miembros de su Gobierno- después de que dicho país rechazara enviar al exconsejero también fugado, Lluis Puig.

Llarena planteó una serie de preguntas al Tribunal que tiene encomendado el poder judicial de la Unión Europea, entre ellas y siendo la más relevante si el juez belga a quien corresponda la entrega tiene capacidad, conforme al derecho europeo, para decidir sobre la competencia del Tribunal Supremo español que es el que emite las órdenes de detención. El instructor del procés considera que si el Estado que tiene que entregar al reclamado -en este caso Bélgica- decide sobre la competencia de los tribunales españoles, «la consecuencia es perniciosa» porque llevará a un «principio de desconfianza» entre los países de la Unión y el reconocimiento de sus resoluciones.

Rumanía y Polonia le apoyan

De todos los países miembros de la UE que podían presentar sus alegaciones en el procedimiento tan sólo se han pronunciado Rumanía, Polonia y Bélgica. Los dos primeros apoyan a Llarena en las razones por las que considera que Puigdemont debe ser entregado a España para que se le juzgue. Bélgica, por su parte, apoya al expresidente catalán en consonancia con lo que ya decidió sobre Puig.

Dichas alegaciones de los países se unieron al procedimiento en noviembre y el 26 de diciembre presentaron las suyas los abogados del expresident, según trasladan a este diario. Está previsto que en febrero o marzo se pronuncie el abogado general con sus conclusiones y, un mes después, haya sentencia. Es decir, entre mayo y junio.

Puigdemont, procesado por sedición y malversación, vive en Waterloo (Bélgica) desde que se fugó de España el 30 de septiembre de 2017, después de haber sido destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y de conocer que la Fiscalía General se querellaría contra él por rebelión.

En marzo de 2018, después de ser detenido en Alemania en respuesta a la orden europea de detención cursada contra él por el instructor del procés tras procesarle, el Tribunal de Schleswig-Holstein descartó entregarle por el delito de rebelión, aceptando hacerlo únicamente por el de malversación. La Justicia española rechazó dicha entrega puesto que quería asegurarse que podría juzgarle por los mismos delitos que al resto de líderes independentistas detenidos.

El pasado septiembre, Puigdemont volvió a ser detenido en Alger (Cerdeña) puesto que el juez Llarena mantuvo la orden de detención europea contra él y las fuerzas policiales respondieron a la alerta que se activó en el aeropuerto italiano a su llegada. Los magistrados de la Corte de Apelación de Sassari decidieron, sin embargo, no entregarle a España hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial de Llarena considerando, en la línea de lo mantenido por la Abogacía del Estado española, que aunque el expresident hubiera perdido la inmunidad como parlamentario europeo las órdenes de detención contra él quedaban suspendidas hasta que haya pronunciamiento del TJUE. De hecho, vieron claro que el Tribunal General de la Unión Europea había decidido no devolverle la inmunidad parlamentaria por dicha suspensión.