El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, está citado este martes a declarar como investigado por los presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad documental por los encargos que supuestamente hizo la energética al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, cuando todavía estaba en activo en la Policía.

Tanto el juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, como la Fiscalía Anticorrupción, ven indicios de que Sánchez Galán encargó al comisario jubilado -a través del exjefe de Seguridad Antonio Asenjo- seguimientos a personas que podían dar problemas a la compañía por distintos motivos accediendo Villarejo a bases de datos confidenciales para realizar sus informes valiéndose de los contactos que tenía en la Policía y de la relación que tenían algunos agentes del Cuerpo con las compañías telefónicas. Unos trabajos por los que cobró cientos de miles de euros y que tanto él como Iberdrola habrían tratado de ocultar, según los investigadores, gestionándolos a través de la empresa CASESA en lugar de la compañía privada Cenyt del comisario o falseando conceptos.

Entre esos encargos estaría el proyecto Arrow para "superar los obstáculos" administrativos y de la oposición de los vecinos a la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), para el que, según el auto de imputación de Sánchez Galán, se habría accedido a tráficos de llamadas de distintas personas, entre ellas una concejal del municipio.

También entre 2004 y 2005, cuando presuntamente se llevó a cabo dicho encargo, se habría encomendado al agente el proyecto Black Board o B-B, que "tenía por objeto fundamental conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro" presidente de Endesa. Cuando supuestamente se desarrollaron los dos encargos, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola.

En 2009, cuando ya era presidente, la compañía habría encargado a Villarejo los proyectos que éste denominó Gipsy y Posy. El primero, según el juez, "habría tenido por objeto investigar a José María Álvarez Vázquez, quien fue director de servicios generales de Iberdrola, S.A., y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, al sospechar la compañía que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales", extendiéndose también la investigación a las vinculaciones que tuviera el primero con Florentino Pérez, presidente de ACS. El proyecto Posy se centró en investigar a Florentino Pérez para "conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola, S.A", se pudo leer en el auto de 22 de junio de 2021 del instructor del caso Tándem.

Por último, en 2011 y 2016 la compañía habría hecho al comisario dos encargos "centrados en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía, S.A. se había aliado para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de
manera favorable" a la energética en un procedimiento arbitral. En el período de 2016, la investigación se centró en la "localización de bienes de Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral favorable a Iberdrola Renovables Energía, S.A", según la información de la causa.

Los indicios

El presidente de la energética está citado este martes y, si no se acoge a su derecho a no declarar, tendrá que defenderse de los siguientes indicios sobre su conocimiento de los encargos relatados:

1-Denuncia de Del Olmo: la denuncia interna del exdirector de control de funciones corporativas de Iberdrola, José Antonio Del Olmo, también investigado en la causa, es un pilar fundamental de la pieza 17 del caso Villarejo. En diciembre de 2004, Del Olmo comunicó "diversas irregularidades" de los trabajos del proyecto Arrow a la dirección de administración, control y regulación de la compañía. En un informe que redactó, puso de manifiesto que el 31 de mayo de ese año, el entonces jefe de Seguridad Asenjo "le comunicó que Ignacio Sánchez Galán había ordenado realizar unos trabajos especiales de vigilancia que ya se habían iniciado por la compañía CASESA y vinculados a la dirección de generación -pese a que la propia compañía no quería que ese dato fuera conocido-, y que había un presupuesto superior a 300.000 euros para los mismos, identificados dentro del proyecto Arrow, y que únicamente eran conocidos, de un lado, por el propio Ignacio Sánchez Galán y Fernando Becker Zuazúa, director de recursos humanos y servicios y, de otro lado, por Francisco Martínez Córcoles, director de generación".

Éste último, durante su declaración como investigado este lunes, se desvinculó de los hechos ante el juez afirmando que no sabe por qué Del Olmo lo incluyó en ese "presunto informe porque no estaba implicado en la línea de autorizaciones", según trasladaron fuentes de su entorno a El Independiente.

Por otro lado, la Policía requisó a Villarejo dos facturas de 170.000 y casi 92.000 euros con fecha de febrero de 2009 que los investigadores consideran pueden corresponder a los pagos por los proyectos Gipsy y Posy. Para ponerlas en relación con los encargos, los investigadores dan credibilidad a dos anotaciones manuscritas que Del Olmo declaró que hizo también en 2009. En éstas, el extrabajador de Iberdrola indicó que Asenjo "le comentó que tenía un trabajo del que solo tenía conocimiento Ignacio Sánchez Galán, ya presidente de la compañía, haciéndole entrega de las dos meritadas facturas emitidas por Cenyt -015/09 y 016/09-, añadiendo que, nuevamente, ante sus dudas comentó el asunto con su superior jerárquico José Luis San Pedro Guerenabarrena, quien le indicó que, antes de proceder a su pago, las facturas fueran firmadas por Rafael Obegozo, jefe de gabinete de Ignacio Sánchez Galán, lo que así sucedió, al constar la firma de éste en las meritadas facturas", según se recoge en el auto de imputación del juez.

Orbegozo, que también declaró este lunes como imputado, reconoció que visó las dos facturas y lo hizo como jefe de gabinete de Presidencia porque él era quien tenía acceso a las agendas de la alta dirección. Como las dos facturas se referían a seguridad en viajes, comprobó que los dos viajes se había realizado y visó las facturas, trasladan fuentes próximas al directivo a este diario.

2-Grabaciones de conversaciones: como en otras piezas del caso Villarejo, las conversaciones que el comisario mantuvo con algunos investigados, grabó sin su consentimiento y la Policía le requisó cuando fue detenido en noviembre de 2017, suponen una fuente de prueba. Ya en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de mayo de 2021, la Policía transcribió una conversación entre Asenjo y Villarejo en la que el segundo decía al primero que se acordara de que "no mostró mucho interés el señorito", en referencia a Sánchez Galán. De las conversaciones entre ambos los agentes vieron indicios de la interceptación de tráficos de llamadas y acceso a datos confidenciales por parte del comisario, puesto que ambos hablaron de un trabajador de Amena y Villarejo comentó al exjefe de Seguridad con quién se comunicaba la concejal de Arcos de la Frontera a la que espió.

Asenjo declaró que era él quien comunicaba a Cenyt los conceptos que debían figurar en las facturas

3-Declaraciones de Asenjo: precisamente el exjefe de Seguridad de Iberdrola, también investigado, ha reconocido en sus declaraciones en sede judicial que los conceptos de las facturas que Villarejo giró a Iberdrola se falsearon. Según el auto de imputación de Galán, Asenjo afirmó que éstos "no respondían a la realidad, indicando que era él quien comunicaba a Cenyt los conceptos que debían figurar en las facturas pretendiendo con ello, según indica, impedir la difusión de datos".

4-Documentación en casa de Villarejo: Tanto el departamento de Cumplimiento de Iberdrola como la consultora PriceWaterHouseCoopers afirman, en relación con las facturas, que "no se han localizado informes o documentos que justifiquen los servicios prestados" por el comisario. Sin embargo, los investigadores recuerdan toda la documentación incautada a Villarejo cuando fue detenido, entre la que figuran diversas facturas y documentos en formato Word donde describía el trabajo que presuntamente realizó para la compañía.