El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha admitido a trámite una querella contra el ciudadano de nacionalidad española Manuel Terrén Parcerisas, afincado en Brasil, al que se acusa de traficar con la venta ilegal de "diamantes de sangre" extraídos por ciudadanos esclavizados en Sierra Leona.

Según el auto de admisión de la querella, los hechos, que serían constitutivos de delitos de lesa humanidad y pertenencia a organización criminal, han sido denunciados por uno de los presuntos perjudicados, de nacionalidad sierraleonesa, después de que este mismo magistrado rechazara en 2020 una anterior al no haber sido presentada por ninguno de los afectados directamente.

El juez cita así para el próximo 7 de febrero al querellante para que ratifique lo denunciado y llama también a declarar en primer término a cuatro testigos -Luis Bielsa Carrión, Joan Aamarra Naudi, Ramon Terrén Parcerisa y Josep Lluis Buch Solé- "a efectos de valorar la procedencia de la continuación de la instrucción".

La querella expone que tanto el querellado, como otros empresarios extranjeros jugaron un papel clave en el conflicto y, a través del Grupo Orfund, del que es accionista Terrén, lo "apoyaron significativamente" mediante el comercio y la compra de "estos valiosos diamantes, permitiendo a las facciones armadas obtener armas y municiones, particularmente, al Frente Revolucionario Unido (FRU)".

El querellante denuncia que fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu. Relata además que vio fallecer a tres amigos, dos por agotamiento y otro por tratar de escapar.

Por todo ello, el magistrado, con el visto bueno de la Fiscalía, se ha considerado competente para investigar estos hechos al tratarse de presuntos delitos cometidos por un ciudadano español en el extranjero.

Tiene además en cuenta que durante "el conflicto armado en Sierra Leona, en el que murieron 70.000 personas y 2,6 millones de ciudadanos fueron desplazados, tanto el querellado como otros empresarios extranjeros, jugaron un papel clave en dicho conflicto mediante la actividad de la empresa Orfund Group S.A, financiando el esfuerzo bélico con la venta de los llamados diamantes de sangre o diamantes de zonas de conflicto".

EI querellado habría puesto en marcha "una fachada empresarial" en Liberia para asegurar el contrabando de "diamantes de sangre" provenientes del FRU que operaba en Sierra Leona y así poder comercializarlos en el mercado internacional. 

Para ello, señala el auto, utilizó la empresa liberiana Blue Stone INC al servicio de Orfund Group y participó en la fundación de una empresa subsidiaria en Liberia, DiAndorra INC, con el propósito de vender los citados diamantes a través de la empresa experta en el comercio de diamantes Cindam Belgium N.V., "exportando, al menos, cuatro envíos de diamantes desde Liberia a Bélgica".

El juez recuerda que los diamantes fueron una causa indirecta de la guerra en Sierra Leona y también la "alimentaron" y, según el Tribunal Especial para Sierra Leona, el FRU lanzó un ataque a gran escala contra la población civil como parte de "un plan común para adquirir y ejercer el control de las zonas de extracción de diamantes". 

Entre 1999 y 2000, indica el auto, centenares civiles fueron capturados para trabajar en las minas de diamantes en el distrito de Kono.

El entonces presidente de Liberia Charles Taylor, que fue condenado a 50 años de cárcel por ese Tribunal Especial, "desempeñó un papel importante en el comercio de diamantes de sangre".

Se declaró probado que prestó asistencia al FRU en sus actividades mineras, poniéndole en contacto con empresarios.

La conexión en Liberia, a través de Charles Taylor, también fue abordada por la ONU en varias Resoluciones, señala el auto.

En 2000, añade, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 1306 "prohibiendo la importación directa e indirecta de diamantes en bruto de Sierra Leona sin la certificaci6n correspondiente expedida por el Gobierno". 

Pese a que la situación de Sierra Leona era de dominio publico, empresas como Orfund y Cindam apoyaron deliberadamente el trafico de diamantes, sostiene el magistrado.