Las diferencias de impuestos entre unas comunidades autónomas y otras son el nuevo caballo de batalla del Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere acabar con esa disparidad. Con la reforma fiscal que está preparando y que entrará en vigor en el primer trimestre de 2023, Hacienda busca equiparar los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones, hoy cedidos a las regiones.

La corresponsabilidad fiscal, esto es, la competencia en materia de impuestos entre comunidades autónomas, lleva a que hoy día un cántabro tiene que pagar 100.000 euros más que un andaluz por recibir la misma herencia, de 800.000 euros -por debajo de 700.000 en varias regiones está bonificado-, en concepto de impuesto de sucesiones.

En concreto, y según ejemplos calculados por el Instituto de Estudios Económicos, un soltero de 30 años que herede bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponderían a una vivienda, debe pagar 103.000 euros en Asturias, pero nada en Andalucía, ni en Cantabria, ni en Galicia.

Donde más deberá pagar, después de en Asturias, es en Castilla y León (81.000 euros), en la Comunidad Valenciana (63.000) y en Aragón (55.000), mientras que en Extremadura y en Madrid será donde le saldrá más barato (1.500 euros en ambos) si no tenemos en cuenta la gratuidad de Andalucía, Cantabria y Galicia.

"Las desigualdades entre comunidades son enormes", explican desde el Instituto de Estudios Económicos en su informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas, "relevantes en el impuesto sobre el patrimonio, pero, sobre todo, en sucesiones y donaciones, donde, en función de la residencia del causante o del donatario puede pasar de una tributación simbólica a otra muy elevada, aunque el adquirente sea un hijo. Estas diferencias podrían encauzarse con cierto grado de armonización", discurren.

Los expertos del IEE van más allá, insistiendo en que "se requiere con urgencia la regulación de un nuevo marco jurídico de financiación autonómica que asiente las bases para evitar las desigualdades que se producen en la tributación dependiendo del territorio en el cual se resida".

Dicho informe resalta, como ejemplo, que en el caso del impuesto de sucesiones -el utilizado anteriormente- hay comunidades donde solo se pagan importes simbólicos (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y las forales) y otras donde no se paga a menos que no se supere un límite determinado (como en Castilla y León o La Rioja, de 400.000 euros).

Por eso, el Gobierno ha encargado a un grupo de expertos que analice el sistema tributario español con la intención, entre otros, de deshacerse de ciertas desigualdades que considera que perjudican más que benefician al país. Ante este peligro, la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada un proyecto de ley para blindarse ante la reforma fiscal que prepara Pedro Sánchez y que, considera, "supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos".

Este grupo de expertos, del que recientemente han dimitido dos, además de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón -máxima responsable de la reforma-, tiene hasta el día 28 de febrero para presentar un informe con sus conclusiones tras un año de trabajo. En él se basará el Gobierno para diseñar la reforma fiscal que llevará a cabo y que tendrá que aprobar antes del primer trimestre de 2023.

Impuesto de donaciones: 200.000 euros en Extremadura, nada en Cantabria

En cambio, si la persona del ejemplo anterior -soltero de 30 años- recibe una donación de 800.000 euros en efectivo, deberá pagar 200.000 euros en Castilla y León y en Extremadura y nada en Cantabria, de nuevo, debido a las diferencias que existen entre comunidades autónomas por el impuesto de donaciones. Igual que en el caso anterior, si vive en Madrid también resultará especialmente beneficiado, porque es donde menos tendrá que pagar por esta donación junto a Murcia y Andalucía (2.000 euros).

En donaciones existe una bonificación del 100% en Cantabria y 99% en Andalucía, Madrid y en la Región de Murcia. En La Rioja la deducción es
del 99% en general, pero siempre depende del tipo de sucesor y de cuánto sea la donación. Por ejemplo, en Canarias se bonifica el 99,9% si la cuota no supera los 55.000 euros pero solo para los sucesores del grupo III, esto es, los colaterales de segundo grado -abuelos, nietos, hermanos, cuñados- o de tercer grado -bisabuelos, biznietos, tíos, sobrinos-.

Impuesto de patrimonio: 1.200 euros si eres aragonés, nada si eres madrileño

Las diferencias también son señalables en el impuesto sobre el patrimonio, donde la tarifa va del 0,2% al 3,5%. Mientras que por un patrimonio de 800.000 euros un aragonés debe pagar 1.200 euros, un madrileño y un vasco no pagarán nada -este último, salvo si vive en Guipúzcoa, donde pagará 200 euros-.

Si el patrimonio es mayor, por ejemplo de 15 millones de euros, en Madrid seguirá sin pagar nada, pero en Extremadura habrá de abonar 418.000 euros. En este caso, se utiliza como ejemplo un patrimonio de 800.000 euros porque el mínimo exento por defecto es de 700.000 euros, aunque Aragón, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana han regulado mínimos distintos (de 400.000 euros en el caso de Aragón y de 500.000 euros en el resto).

Los expertos del IEE resaltan que en todas las comunidades, incluidas las forales, se pagan unas cantidades considerables, excepto en Madrid, donde está bonificado al 100%, así que ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar el impuesto. Así, salvo que la persona viva en Madrid, en todas deberá pagar más de 210.000 euros por el patrimonio señalado anteriormente, de 15.000 euros. Si se reduce el patrimonio, baja considerablemente la cantidad a abonar, ya que si no vive en Madrid por uno de 800.000 euros en todas las demás deberá pagar como mínimo 200 euros.

En esta línea, los economistas del citado Instituto coinciden en apuntan que la normativa en materia de impuestos es muy farragosa, lo que hace difícil que los españoles conozcan y cumplan estas leyes. Por eso, piden cierta contención a la hora de elaborar estas normas y que el Gobierno reflexione sobre si deben no no mantenerse estos tributos y cuánto poder deben tener las comunidades autónomas sobre los mismos.