La cuenta atrás ha comenzado. En una semana el decreto de la reforma laboral pasará por el Congreso de los Diputados y, a día de hoy, el Gobierno no tiene asegurados los apoyos para su convalidación. No es la primera vez que las negociaciones se alargan de forma agónica hasta el tiempo de descuento, pero formaciones como ERC o Bildu han entrado en un punto de no retorno en el que han hecho frente común hasta con las Cup y el BNG, que no apoyaron ni la investidura ni ninguno los dos Presupuestos Generales del Estado de la era Sánchez.

Los socialistas han hecho causa de un texto no sólo pactado entre los sindicatos y la CEOE, sino que ya está en vigor y, además, forma parte de la carta de compromisos de España con la Unión para recibir los fondos Next Generation. Se trata del llamado Componente 23 referido a las «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo». Del mismo modo, se niegan a su tramitación como proyecto de ley para evitar sea enmendado.

"Tenemos todavía dos años por delante para seguir avanzando", dicen fuentes de la negociación

Sentadas estas bases, la única vía posible que han visto los socialistas para desencallar la situación ha pasado por ofrecer a sus socios parlamentarios el compromiso de abordar nuevas reformas del mercado laboral en lo que queda de legislatura. "Tenemos todavía dos años por delante para seguir avanzando en este camino", indican a El Independiente fuentes de la negociación. Así se lo han trasladado en distintas conversaciones en las que, por parte socialista, participan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Pero del mismo modo en que creen que habría margen de futuro para atender a las demandas de los partidos del bloque de investidura, apuntan a que todo cambio en las condiciones laborales "debe llevarse a la mesa de diálogo social", lo que no significa, necesariamente que terminen prosperando. De hecho, Comisiones y UGT quieren negociar en una nueva mesa las indemnizaciones por despido para volver a los 45 días por año trabajado, exigencia en la que coinciden con los cuatro partidos firmantes de la "Declaración conjunta para la recuperación de derechos en la Reforma Laboral".

Declaración conjunta - Reforma laboral (1)Descarga

ERC ya ha respondido a esa oferta. No quiere compromisos de futuro, en los que no termina de confiar, sino negociaciones "que vayan en paralelo" y para ello no hay tiempo material más allá de lo que pudiera ser una declaración pública del Gobierno asegurando estar dispuesto a debatir sobre las exigencias de los republicanos.

Moncloa ve además tras la posición de ERC una estrategia política en clave de política catalana. Y no se refiere a los habituales enfrentamientos con sus socios de Junts y el miedo a ser acusados de "colaboracionistas" con el Ejecutivo central. No. En este caso es la lucha por el voto de la izquierda "y la amenaza que puedan suponer los comunes". Por eso elevan el listón de su exigencia. También saben que esta reforma es el trampolín sobre el que Yolanda Díaz quiere dar el salto hacia su futuro como candidata a la presidencia del Gobierno y no se trata de ponérselo muy fácil.

Moncloa cree que la posición de ERC responde también a su pugna con los comunes

Lo del PNV les parece más incomprensible. Este jueves Patxi López pidió al PNV que convalidara el decreto y luego se verá "si hay campo de mejora", conforme al mensaje que los socialistas han trasladado a sus socios parlamentarios.

En el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no parecen perder el ánimo, al menos de puertas para afuera. "Siguen los trabajos". "Siempre es igual en una negociación". "Es presión". "Es política"... pero la fecha se acerca y parece alejarse la posibilidad de sacar la reforma con los partidos del bloque de investidura.

Hay versiones contradictorias respecto a si estas fuerzas políticas fueron informadas o no de la marcha de las negociaciones en la mesa de diálogo social. Desde el PSOE apuntan a que esa tarea correspondía a la ministra Díaz y ella ha asegurado públicamente que les fue comentando dichas negaciones, lo que los aludidos niegan. Tampoco se ponen de acuerdo, en este caso los socios de la coalición, sobre Ciudadanos. Lastra dejó muy claro ayer en una entrevista en "La hora de la 1" que "no podemos excluir a nadie" en la votación parlamentaria, sobre todo cuando los que te han apoyado hasta ahora parecen no dejar ninguna salida