El PNV sigue viendo muy lejos su apoyo a la reforma laboral. Su principal exigencia, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales sigue sin ser satisfecha. La formación de Andoni Ortuzar insiste en que esta reclamación debe estar asegurada en el propio documento acordado entre sindicatos, patronal y Gobierno. Una petición que, a sólo tres días de la votación prevista para este jueves en la Cámara Baja, parece "inalcanzable a día de hoy", tal y como ha asegurado el partido.

El presidente del PNV ha encabezado la delegación que esta mañana se ha reunido con los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios en Euskadi, y que se han mostrado especialmente críticos con la reforma planteada. Ambas centrales se manifestaron ayer, junto a la dirección de EH Bildu, por las calles de las capitales vascas en contra de la norma.

El PNV ha asegurado que en los próximos días, antes de la convalidación o rechazo del decreto en el Congreso, los esfuerzos de negociación deben centrarse en la prevalencia del marco laboral vasco frente al estatal y que ello quede plasmado en el texto del decreto. El PNV insiste en que este es un aspecto "crítico" del que dependerá el sentido de su voto.

La formación nacionalista ha compartido gran parte de las demandas y criticas que le han trasladado ELA y LAB si bien ha subrayado que ahora su prioridad se centra en la cuestión de la prevalencia de los convenios y "preservar el ámbito autonómico".

'Blindarlo' en el texto

En el PNV llevan días insistiendo en que acuerdos como el suscrito en 2017 entre la patronal vasca y los sindicatos vascos deben poder tener prevalencia sin estar al albur de futuros modificaciones o decisiones políticas. Por ello, no aceptan que esta cuestión pueda quedar fuera de la futura reforma laboral y reclaman que pueda 'blindarse' legalmente. De ello dependerá el sentido del voto de sus seis diputados en el Congreso el próximo jueves.

También EH Bildu se ha mostrado crítico con el documento por no asegurar no sólo la prevalencia autonómica sino tampoco la recuperación de los 45 días por año trabajado en caso de despido o la autorización administrativa autonómica para los casos de ERE.

En sentido contrario, desde Ciudadanos, formación que podría apoyar el decreto, se ha advertido al Gobierno que cualquier modificación en aras a satisfacer las demandas del nacionalismo podría ahuyentar su apoyo.