El inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Gonzalo Fraga, primer agente que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo, ha descartado este lunes durante su declaración como testigo en el primer juicio del caso Tándem que el comisario tuviera la condición de agente encubierto.

"Entre la documentación intervenida no se ha localizado ni una sola resolución judicial o del Ministerio Fiscal que habilite al señor Villarejo a actuar como agente encubierto. No me consta que haya actuado nunca como agente encubierto de acuerdo con las previsiones del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" (...) "No es que no sea un agente encubierto, sino que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto. Es decir, no tiene ni siquiera puntos en común", ha afirmado el policía a preguntas del fiscal Miguel Serrano.

Villarejo se sienta en el banquillo de los acusados enfrentándose a una petición de un siglo de prisión de la Fiscalía por la posible ilegalidad de los trabajos privados que realizó entre 2013 y 2014 a través de su empresa Cenyt valiéndose, según la acusación contra él, de sus contactos en el Cuerpo en el que continuaba en activo. Concretamente, en el juicio que se celebra ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional se abordan trabajos que realizó para el despacho de abogados madrileño Herrero & Asociados, para una de las hijas del constructor Luis García Cereceda y para los empresarios Juan y Fernando Muñoz Támara, que se han investigado en las piezas Iron, Land y Pintor.

"Captaba confidentes"

Él defiende que los trabajos que realizó siempre tenían un componente de servicio al Estado porque trabajó como agente encubierto para gobiernos de distinto signo y que, de hecho, puso sus empresas a disposición de tales encargos.

Sin embargo, el inspector Fraga ha sostenido durante su declaración como testigo que en los registros que se practicaron en 2017, cuando fue detenido, y posteriormente analizando la documentación que se le incautó, no se ha encontrado habilitación judicial para que Villarejo ejerciera como agente encubierto: "Yo, desde luego, que no conozco toda la carrera profesional del señor Villarejo, lo que digo es que no he localizado ni una sola resolución judicial ni del Ministerio Fiscal con carácter de urgencia que le habilite a actuar como agente encubierto, ninguna. Y no está sometido a control judicial en ninguna de sus actuaciones, porque los agentes encubiertos sin lugar a dudas tienen unas habilitaciones o unas prerrogativas y lógicamente están sometidos a un control judicial".

En cuanto a las identidades ficticias proporcionadas por el Ministerio del Interior que se encontraron al comisario jubilado, el inspector considera que las tenía para "captar confidentes", labor que sí cree que realizó para la Policía: "Él sí que participó en esa función de captación de fuentes humanas en esos años, entre 2013 y 2014. Manejo de informadores, manejo de confidentes. La tarea de Villarejo es la captación de confidentes. En ese supuesto, a Villarejo se le asignan identidades operativas o supuestas que fueron intervenidas en el registro de su domicilio. Eso da una cobertura para el manejo de fuentes humanas (informadores o confidentes) y en vez de identificarse como policía pueda adoptar otro rol que es real y así el señor Villarejo se identificaba como una persona vinculada a otro ámbito profesional. Eso es una cuestión y otra, que haya ejercido como agente encubierto", ha declarado Fraga.

"Yo defino funciones de captación de información a través de fuentes humanas, porque nada tiene que ver con las actuaciones de un agente encubierto digamos la parte de funciones judiciales que tiene el señor Villarejo. Por supuesto, en estas piezas 'Iron' y 'Land', la otra no la menciono porque ya está jubilado, el propio José Manuel Villarejo se identifica a sus clientes como Pepe Villarejo, con su nombre real. Factura a través de empresas en las que el administrador único es su mujer y además él se oferta como el Grupo Cenyt, como unidad de inteligencia que mantiene muchas relaciones funcionales operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la Administración de Justicia", ahondó el policía.

El inspector Fraga ha continuado su declaración como testigo en esta sesión que comenzó el 27 de enero. Entonces, a preguntas de la Fiscalía también defendió la legalidad de los registros iniciales en noviembre de 2017 en casa del comisario cuya legalidad han puesto en duda distintas defensas y el Tribunal decidirá en sentencia si son motivo de nulidad de la causa. También consideró que se respetó la cadena de custodia en el modo en que los agentes se llevaron toda la documentación y archivos de audio en los que se basa la macrocausa contra el comisario jubilado, a diferencia de lo que también denuncia su defensa y la de otros investigados.