Laura Borràs ha acudido este lunes al matinal de RAC1 para defender su gestión del "caso Juvillà" la suspensión del diputado de la CUP decretada por la Junta Electoral tras su condena a inhabilitación. Pero sus explicaciones no han convencido a nadie. Tampoco su nula asunción de responsabilidades, que ha encendido a sus socios de ERC y la CUP.
Desde el otro extremo del arco parlamentario, socialistas y comunes exigen explicaciones después de evidenciarse que Juvillà ya había sido formalmente cesado como diputado cuando Borràs convocó el pleno extraordinario para debatir su continuidad como diputada.
A última hora de la tarde, visto el poco éxito de las explicaciones, los servicios de comunicación del Parlament aclaraban, a petición de la secretaria general, que la baja como diputado se activó el jueves, tras el Pleno del Parlament, "por imperativo legal". Se hizo efectiva el viernes "con efecto retroactivo al 28 de enero, para preservar a los funcionarios de cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o contable".
"Visto lo de la semana pasada y a tenor de explicaciones que se están dando se fue injusto con Roger Torrent" lamentaba la portavoz de ERC, Marta Vilalta, refiriéndose a la campaña de acoso que la propia Borràs abanderó contra su predecesor cuando el republicano aceptó la inhabilitación de Quim Torra. Desde la CUP la acusan directamente de mentir, sobre el argumento dado para no aceptar el voto de Juvillà, en el pleno del pasado jueves, por "conflicto de intereses".
Los antisistema han dejado claro que no es cierto que Juvillà no votara en el pleno de diciembre sobre su futura inhabilitación, como argumentó Borràs. También se contabilizó su voto -de forma ponderada- en la comisión del martes dedicada a la misma cuestión. Fue Borràs quien no permitió la votación de Juvillà el jueves, aseguran.
El plan de Borràs
Unos y otros exigen además a la dirigente de JxCat que aclare cual es su plan para mantener la desobediencia que había anunciado, y que finalmente no se ha utilizado para defender el escaño del diputado de la CUP. "Mi propuesta no ha sido aceptada, no es que no se pueda evitar es que en este caso no se ha querido evitar" argumentaba Borràs este lunes para defender su postura.
La presidenta del Parlament asegura que propuso una "desobediencia colectiva" en la que exigía el compromiso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y del conjunto del Govern. Es decir, una desobediencia en bloque en la que Borràs incluía también la negativa a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del castellano en la escuela, forzando a los directores de centros educativos a desobedecer a la justicia.
Borràs no ha querido concretar esa propuesta en público, tampoco su partido. Pero sus socios señalan que ésta pasaba por una suerte de inmolación política colectiva que Esquerra no habría querido aceptar. Como tampoco parece dispuesta a aceptar ahora el reparto de culpas que intenta la de JxCat.
"Las palabras vacías y las jugadas maestras no sirven para avanzar, lo hemos visto en reiteradas ocasiones" advertíaVilalta. La republicana exigía además a Borràs que aclare cual es su propuesta alternativa a la aceptación de las decisiones de la justicia.
La "trampa" de la CUP
Aunque en esta batalla el principal objetivo de las quejas de JxCat no ha sido ERC sino la CUP. Los de Junts vienen acusando a los antisistema de haber "tendido una trampa" a Borràs para provocar su inhabilitación por desobediencia. Acusan a la CUP de haber incumplido la promesa de no pedir la delegación de voto de Juvillà para no comprometer la votación del pleno. Tanto la CUP como ERC niegan tajantemente ese extremo.
Tras el Pleno, en el que la CUP se negó a votar la resolución acordada en defensa de Juvillà, el diputado Jaume Alonso Cuevillas los acusabade querer "enviar a Borràs a la papelera del Código Penal" en Ser Catalunya. Cuevillas se remitía así al papel de la CUP en la sustitución de Artur Mas por Puigdemont, jactándose de haber enviado "a la papelera de la historia" al líder convergente. No era el primero que jugaba con la idea, que ya avanzó días antes otra voz destacada en JxCat, Joan Canadell.
Tan elocuentes como las quejas de sus socios son los silencios de sus compañeros de partido. Ni el ex presidente Carles Puigdemont ni el número dos del partido Jordi Sánchez, tan locuaces habitualmente en las redes, han comentado el "caso Juvillà" para salir en defensa de Borràs.
Tampoco el ex presidente Quim Torra, igualmente inhabilitado en la anterior legislatura, al que ella defendió con ardor. Y otro de los habituales del bloque de los puristas: el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa no ocultaba su enfado con lo que considera una "cesión" de Borràs ante la JEC.
El fuego amigo
"Era necesario demostrar que las cosas se podían hacer de otra manera y no se ha hecho" se lamenta en twitter. No solo eso, añade, "el resultado de la inhabilitación de Juvillà ha sido, en términos de precedente parlamentario, incluso peor" que lo sucedido con Torra.
"No es extraordinario que no nos pongamos de acuerdo, los precedentes no van a favor nuestro" se defiende desde JxCat Elsa Artadi. La portavoz del partido de Puigdemont, ahora aliada de Borràs, defendía este lunes que "quien asumía el máximo coste o riesgo era Borràs" y aseguraba que la ejecutiva del partido "conocía la propuesta" de la presidenta del Parlament. Pero no quiso aclarar en qué consiste esa propuesta "que también conocía Pere Aragonès".
Comunes y PSC exigen explicaciones
La oposición tampoco da tregua a Borràs. Ni siquiera los comunes, que votaron junto a los independentistas a favor de la resolución que defendía mantener el acta de Juvillà. El portavoz de los morados, Joan Mena, ha tachado de "sainete" lo vivido en el Parlament y reclamado a la presidenta que dé explicaciones en sede parlamentaria, más allá de entrevistas en radios afines.
"Si quiere conceder entrevistas tienen todo el derecho, pero donde debe dar explicaciones es el Parlament" advertía Mena, para quien "lo que ha pasado es muy grave, la segunda autoridad de Cataluña, la presidenta del Parlament, ha mentido a la ciudadanía y a todos los diputados, es intolerable".
La presidenta del Parlament ha mentido a la ciudadanía y a todos los diputados es intolerable"
Mena dejó claro además que “no permitiremos que disuelva su responsabilidad" en la Junta de Portavoces. Es decir, a puerta cerrada. "Se tiene que explicar en el hemiciclo".
Los socialistas tampoco creen a Borràs. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha reclamado a la dirigente independentista que "tenga el coraje de decir la verdad" y que "deje de hacer espectáculos e impulse que el Parlament haga lo que tiene que hacer, que es legislar".
El PP atribuye directamente la postura de Borràs a la voluntad de "seguir cobrando un sueldo" que tachan de excesivo: 155.000 euros anuales. Y el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, le recomendaba que reconsidere la decisión de no dimitir, tras haber asegurado en la entrevista que se lo había planteado.
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