El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes una declaración institucional, con motivo del 'Día International de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina', en la que expresa su "absoluto rechazo" a esta práctica que constituye una manifestación de violencia de género, una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la integridad de las niñas y de las mujeres.

Según resalta la Cámara, las cifras "son alarmantes y terribles en el mundo" y las previsiones de Naciones Unidas para 2021 fueron de 4,16 millones de niñas en riesgo de sufrir una mutilación genital femenina.

En España, según datos del INE de 2018, hubo 15.562 niñas de entre 0 a 14 años en riesgo de que se les practicase y en Canarias hay 517 niñas en la provincia de Las Palmas y 244 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Según la Asociación DIMBE, que realiza su labor en el archipiélago, la mutilación genital femenina se ha convertido en una realidad social en el archipiélago y exige ser abordada desde diferentes ámbitos profesionales, comunitarios y perspectivas, con el propósito también de luchar contra la exclusión social de esta población.

Además, la complejidad del tema hace "indispensable" el trabajo interdisciplinar y en red entre las asociaciones de mujeres, las comunidades afectadas y el Estado, señala la declaración institucional.

En esa línea, la Cámara incide en que "resulta esencial" la formación y la sensibilización en comunidades afectadas y especialistas que trabajan desde diferentes ámbitos, especialmente en Fuerteventura por su mayor incidencia, pero también en otras islas.

Evitar la estigmatización y el rechazo

Así, el Parlamento apuesta por la educación, la prevención, la sensibilización y la información ante esta "grave realidad", así como por un "abordaje" completo desde el punto de vista sanitario debido a las complicaciones físicas, psicológicas, las consecuencias sexuales y los problemas ginecológicos y obstétricos.

Igualmente, considera "esencial" el papel de los servicios sociales para poder comprender las necesidades de las mujeres afectadas por la mutilación genital, facilitar su asesoramiento en medidas de protección y centros de apoyo teniendo en cuenta características culturales de género y, también, identificar y proteger a las niñas en riesgo siguiendo el principio del interés superior del menor.

En el ámbito de las políticas públicas, la Cámara defiende un "trabajo conjunto y coordinado" entre instituciones para atender las necesidades de la población afectada o en riesgo y promover buenas prácticas para evitar la estigmatización y el rechazo, y favorecer la convivencia entre comunidades.

Con todo, el Parlamento reafirma su apoyo a las asociaciones que luchan por la erradicación de la mutilación genital femenina, por su importante labor en los distintos ámbitos, expresa su apoyo a las mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina y renueva su defensa de los valores de la democracia y del respeto a los derechos humanos.