En el sector socialista del Gobierno aseguran estar muy tranquilos tras la controvertida votación de la reforma laboral hasta el punto de que consideran que es ERC la que tiene que mover ficha tras haber "visto el precipicio" en la sesión parlamentaria de la semana pasada. Lejos de sentirse culpables por el desacuerdo con sus socios de investidura, creen que son ellos quienes deben hacer una reflexión profunda sobre su "no" a la reforma laboral.

"No se ha roto nada. Lo dijeron ERC y Bildu en la tribuna de oradores del Congreso", afirman no sin cierta sorna en alusión a la disponibilidad que mostraron sus respectivos portavoces, Gabriel Rufián y Óskar Matute, a seguir hablando en el futuro tras dejar tirado al Gobierno.

De hecho, Moncloa dice estar dispuesta a seguir mirando hacia la formación de Inés Arrimadas y "al resto de los partidos" del arco parlamentario para seguir ahormando mayorías, frente a la intención de su socio de Gobierno de restaurar y blindar de inmediato las relaciones con ERC y Bildu, principalmente. En principio se antoja difícil que los naranjas puedan apoyar iniciativas como la Ley de Vivienda, la de Memoria Democrática o la reforma de la Ley Mordaza, por ejemplo, pero no así la reforma fiscal, donde las posiciones del PSOE podrían resultar más cercanas a Ciudadanos que a las de sus propios compañeros morados de Gobierno.

Unidas Podemos mete presión

Unidas Podemos ha comenzado a meter presión, y mucha, a la máquina. Ha arrancado con el modelo impositivo por el cual pretenden recaudar 10.000 millones más de las eléctricas e incrementar el IRPF a las rentas superiores a los 120.000 euros. Y además, este miércoles, en que no se celebra sesión de control al Gobierno, ha convocado una jornada sobre memoria democrática. Bajo el lema "Memoria, justicia, educación", debatirá sobre la "Lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas" y de la "Memoria para una educación democrática".

Por su parte, el sector mayoritario del Ejecutivo se apunta a la estrategia cholista del "partido a partido". "Paso a paso", "votación a votación", dicen, se van sacando adelante en el Congreso los decretos y leyes mientras se aparcan aquellos asuntos con una fuerte carga ideológica que no resultan prioritarios. Es el caso, precisamente, de la Ley la de Memoria, -que les enfrenta a ERC por exigir la derogación de la Ley de Amnistía de 1977- o la de Seguridad Ciudadana, también aplazada, para desesperación de Unidas Podemos.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reveló ayer en rueda de prensa la intención del Gobierno de "convocar a todas las fuerzas políticas" para asegurar la estabilidad política y social que son "un intangible muy importante para el crecimiento económico de nuestro país".

No cabe duda que para el Ejecutivo es mucho más fácil presentar ante Europa una reforma laboral avalada por los sindicatos, la patronal y los liberales, que en exclusiva con otros compañeros de viaje y están dispuestos a repetir la experiencia de la geometría variable de la que reniega Pablo Iglesias por considerarla "una trampa". Que la convalidación haya salido adelante por una imposible carambola no deja de ser para Moncloa un accidente de recorrido.

Las diferencias estratégicas adelantan una segunda mitad de legislatura muy tensa entre los socios

Las profundas diferencias estratégicas y tácticas adelantan una segunda mitad de legislatura muy tensa entre los socios de Gobierno. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, a quien se suele mandar de avanzadilla para fijar discurso, llamó ayer a recomponer el bloque de investidura tras los "moratones" que ha generado la negociación de la reforma laboral, pues la votación del pasado jueves demostró que la vía de la geometría variable, -que calificó de "acrobacias centristas"- "es una "ruleta rusa", informa Europa Press.

Eso sí, también arremetió el portavoz contra ERC, PNV y Bildu a los que no mencionó explícitamente, por ir a una "estrategia partidista" y "cortoplacista" en la reforma laboral, sabiendo que con ello podían "debilitar" el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pendiente de arrancar su campaña de "escucha" por toda España. Antes de eso, este jueves participará en un mitin en apoyo al candidato morado a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández. Será su única participación.

Parecen superadas, sin embargo, las discrepancias en el Gobierno en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que Moncloa cree que pasarán por la mesa del Consejo de Ministros en un par de semanas.