La tensión es evidente. El septiembre pasado se publicó un manifiesto de adhesión abierto a todos los colegios profesionales de Cataluña para que se unieran en apoyo a la consulta del 1-O, ilegal según el Tribunal Constitucional. Col·legis X Referèndum fue suscrito por más de 80 colegios catalanes, entre ellos la Demarcació de Catalunya del Col·legi d'Enginyers de Camins y Canals i Ports (Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Sin embargo, algunos de estos colegios son federaciones territoriales de instituciones a nivel nacional, y en algunos casos, como en el Colegio de Ingenieros, la Junta de Gobierno tuvo que desmarcarse de la declaración dejando en evidencia una guerra en los colegios profesionales por la adhesión al procés.
Primero lo hizo el 29 de septiembre acusando a sus colegas catalanes de "falta de respeto". "Los acuerdos y actuaciones de la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña referentes “al derecho a decidir” no tienen relación con los fines profesionales del Colegio ni con las funciones colegiales", señaló entonces. Después, en un comunicado mucho más duro, el pasado 6 de octubre, pidiendo al Col.legi d'Enginyers de Camins cesar en "la utilización de medios colegiales para difundir posicionamientos ideológicos ajenos al ejercicio profesional". La Junta también exigió en este segundo anuncio retirar de la web del Col.legi los comunicados "en los que se condena la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del pasado 1 de octubre en Cataluña".
Radicalización creciente
Este cisma es ilustrativo de lo que ocurre hoy en los colegios profesionales: las demarcaciones catalanas, muchas abiertamente independentistas, enfrentadas con los demás colegios y el aparato estatal. Las posiciones se extreman incluso en los casos más moderados: uno de los pocos gremios donde el soberanismo no ha calado, el Col·legi d’Advocats (Abogados), propuso mediar, sugerencia que partió de la decana de los abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay; inmediatamente se convocaron concentraciones en los colegios de abogados del resto de España “en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del país”. Los letrados catalanes han dado bandazos en sus posiciones: en diciembre de 2016 una sentencia impidió al Col·legi respaldar el "pacto por el derecho a decidir" impulsado por el ex president Artur Mas.
Estos días abundan en Cataluña comunicados que tienen su contrarréplica en Madrid
"En Cataluña hay dos estratos", cuenta el ex presidente de un colegio profesional en Barcelona desde el anonimato. "Las Juntas, que antes nunca se posicionaban y cada vez lo hacen más por diversos motivos, muchos de ellos exógenos al gremio y que tienen más que ver con la Generalitat; y las asambleas, a las que nunca se les pide votar esta cuestión, no sea que digan que no refrendan el derecho a decidir". Se emiten estos días comunicados que tienen su contrarréplica desde Madrid. O desde colegios locales dentro de Cataluña, porque esta suerte de colectivos tiene un acentuado carácter provincial en muchas ocasiones.
La mano de la Generalitat
Un ejemplo de esto último podría ser el Col.legi d’Arquitectes, indica una fuente colegiada. En julio pasado se aprobó una Ley de Arquitectura para Cataluña. "Y ese fue el placebo con el que el Govern los atrajo hacia el independentismo", critica este ex presidente. Los arquitectos catalanes firmaron el manifiesto de apoyo al 1-O, pero el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, también es catalán y guarda un silencio sepulcral con relación al procès. Los consultados acerca de la neutralidad de Ludevid defienden su papel. "Un colegio profesional está para otras cosas, más allá de opiniones ideológicas. Es una persona cordial que encaja bien en la presidencia".
Así, existen sectores más radicalizados y otros más suavizados al oeste del Ebro. El colectivo Ingenieros por la Independencia ejerce un papel de lobby que a tenor de muchos es capital para ganar adeptos al soberanismo. De acuerdo con el manifiesto Col·legis X Referèndum, varios de los sectores que aparecen, además de los citados, son algunos como los médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, aparejadores, diseñadores gráficos... "Y los ingenieros e ingenieros industriales. Un gremio que está plenamente comprometido con la defensa del derecho a decidir y la posible Declaración Unilateral de Independencia", confía un ingeniero colegiado.
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