Por tercer día consecutivo la ANC y los independentistas agrupados en MeridianaResisteix hicieron caso omiso de la resolución de la Consejería de Interior y cortaron este lunes la Avenida Meridiana. Un corte que anoche sí pudieron desalojar los mossos sin incidentes. Aún así, la policía autonómica se ha convertido en blanco de las iras del independentismo más irredento.

Aunque no son los únicos, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, es también foco de las críticas, a pesar de haber anunciado este mismo lunes que su departamento frenará las actas levantadas durante las manifestaciones en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como "ley mordaza".

El día anterior, el dispositivo desplegado por los Mossos vivió escenas de tensión al desalojar la avenida. Escenas que se ahorraron el sábado, por la vía de no intervenir en un corte en el que participaron la presidenta del Parlament, Laura Borràs, los líderes de la CUP encabezados por Carles Riera, y la presidenta del Parlament, Elisenda Paluzie.

Críticas sindicales

Una situación que ha llevado al sindicato de mossos Uspac a trasladar "todo su apoyo" a las unidades de Brimo y Arro que este fin de semana han "realizado servicios en relación con la Meridiana". En un comunicado, Uspac reclama al departamento de Interior y a la dirección política de los Mossos que "velen por garantizar la integridad física de sus trabajadores". Algo que a su juicio no se cumple cuando se "limitan las herramientas" con las que cuenta la policía autonómica.

Uspac se refería a los momentos de tensión vividos el domingo en la Meridiana, pero el comunicado llegaba tras el anuncio del conseller Elena: los Mossos d'Esquadra dejarán de aplicar en Cataluña la ley mordaza, porque considera que no tiene sentido sancionar a manifestantes si se movilizan pacíficamente.

Elena se amparaba para ello en sentencias de la justicia europea y del Tribunal Constitucional, y argumentaba en Catalunya Ràdio que buscan que prevalezcan derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión e información, en la tramitación de los expedientes vinculados a la Ley de la Seguridad Ciudadana.

"Lo que no tiene sentido es que si una persona se manifiesta pacíficamente tenga como consecuencia una multa o que cuando un periodista o un fotoperiodista toman una fotografía tengan como consecuencia una sanción", remarcó Elena.

Actas y sanciones anuladas

La decisión de Elena permitirá permitirá al Govern anular actas y sanciones ya tramitadas derivadas de las manifestaciones independentistas de los últimos años. También las protestas contra los desahucios, que según entidades anti-desahucios suman multas por valor de 200.000 euros. Una vía para dar respuesta a las exigencias de la CUP en este sentido.

El conseller ha dicho que le "sorprende" que haya muchos partidos -ha citado en concreto al PSC-, que hayan pedido la derogación de la ley mordaza y que ahora se pongan "las manos en la cabeza" cuando no se aplica de forma "restrictiva". Los socialistas han denunciado que la consejería ha dejado en el cajón un millar de actas levantadas por agentes de los mossos en diversas protestas.

"Lo que hacemos es aplicar la ley" argumentaba Elena. "Y la ley se aplica ponderando derechos y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación".