¿Y ahora qué? Las fases del Gobierno para aplicar el 155: siete días de cuenta atrás

El Gobierno dio este miércoles el primer paso para aplicar el artículo 155 de la Constitución ante la grave crisis catalana al pedirle al president Carles Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia de Cataluña en su ambigua intervención del martes en el Parlament. Para ello ha enviado vía burofax un requerimiento que tiene sólo dos respuestas posibles: 'sí' o 'no'.  Los expertos dudan de que a efectos legales el requerimiento [consultar aquí en PDF] haya abierto la vía para intervenir la autonomía catalana, aunque a nivel político partidos como Podemos ya aseguran que se está aplicando el 155. Una medida que, de llegar, se activará en 7 días, y que hasta entonces tendrá que completar varias fases.

• A la espera del Govern: 16 de octubre. El documento enviado desde Moncloa a Puigdemont requiere al president que aclare si el pasado martes "declaró o no la independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor", advierte el Gobierno, en su afán de restar importancia a la suspensión declarada en el Parlament. La respuesta sólo puede ser afirmativa o negativa y el Gobierno apunta a que cualquiera que sean las palabras utilizadas por Puigdemont en su contestación, no serán válidas si no contiene alguna de estas dos opciones. El Govern tiene hasta el próximo lunes 16 de octubre a las 10 horas para enviar un burofax de vuelta.

• ¿Y si no hay contestación? Mariano Rajoy establece en el escrito que "la ausencia de contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará la confirmación". De esta forma, entiende que cualquier respuesta alternativa al 'no' que ofrezca Puigdemont equivale a que 'sí' ha declarado la independencia. Un caso en el que se activa la segunda fase.
• Rectificación: 19 de octubre. Una vez completados estos pasos, y en caso de que la respuesta sea alguna distinta al 'no', el Gobierno dará tres días de margen a la Generalitat para que dé marcha atrás en esta declaración de independenica. Un ultimátum que tiene como fecha límite el próximo jueves 19 de octubre y que termina también a las 10 horas. Esta "vuelta a la legalidad" que le pide Rajoy a Puigdemont no se plantea en abstracto. Las peticiones son muy concretas y el president tendrá que cumplirlas para evitar la aplicación efectiva del 155 que supondría la intervención de su autonomía y una eventual convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña.

• Los 3 requisitos para anular la independencia.
  1. Revocarlo y paralizarlo. El Gobierno es escrupuloso en sus peticiones, y las formula de forma clara y concisa. La primera de ellas es que el president de la Generalitat "revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario". Rajoy reclama a Puigdemont no sólo que lo revoque formalmente, sino que paralice el desarrollo de esta supuesta independencia, "ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente". Unos requerimientos destinados a ceñirse al "cumplimiento íntegro de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional".
  2. El papel de Forcadell. El Gobierno no sólo quiere una revocación particular del president, sino que el Parlament, donde reside la soberanía catalana, dé marcha atrás. Así, pide a Puigdemont que comunique el requerimiento a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, ex líder de la organización independentista ANC, y a la Mesa del Parlament, "requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutaria". Es decir, Rajoy busca una doble revocación que sea secundada tanto por el president como por otro de los actores imprescindibles para aprobar la Ley del Referéndum, Forcadell.
  3. Comunicarlo. En último lugar, el Ejecutivo reclama al líder del Govern que "comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación el cumplimiento íntegro de este requerimiento". La comunicación debe provenir por dos partes: una, por parte de la institución de la Generalitat, y dos, por parte del Parlament de Cataluña. Esta comunicación debe llegar antes del próximo jueves a las 10 horas.

• Advertencia final pre-155. El último apartado del escrito es una advertencia y busca "poner en conocimiento del presidente de la Generalitat" que, en caso de no atender el requerimiento, el Gobierno "propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de los dispuesto en el artículo 155 de la Constitución española para restaurar el orden constitucional y estatutario violado". Es decir, el Ejecutivo se valdrá de su mayoría en el Senado para aprobar la aplicación del 155 y poner en marcha los mecanismos constitucionales para intervenir la autonomía autonómica.

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