Tras un retroceso histórico del PIB en 2020 por la pandemia del coronavirus y conseguir volver a un crecimiento vigoroso en 2021, parecía cuestión de tiempo que el resto de incertidumbres que el año pasado pesaban sobre la economía española se fuesen disipando. Aún había riesgos, de la posibilidad de que apareciesen nuevas variantes del Covid-19 que obligasen a imponer, de nuevo, restricciones, a la subida de los precios o la crisis logística que ha impedido que multitud de productos lleguen a sus consumidores esta Navidad. Pero el horizonte estaba despejándose.

Ahora, con la invasión rusa a Ucrania, ha caído una pequeña pieza del dominó que tumbará, en mayor o menor medida, muchas otras del gran juego mundial de la economía. Y obligará a volver a hacer infinidad de cálculos de cero, también en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudó el miércoles en asumir delante del Congreso de los Diputados que las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania llevarán a una "ralentización del crecimiento" en nuestro país. También de la Unión Europea. Pero los Veintisiete están "en la obligación de pagar este sacrificio que está asumiendo Ucrania con su libertad y sus vidas", sostuvo.

Sánchez no concretó cuánto podría afectar el conflicto a la economía española, pero esta es la primera de las piezas del dominó que la guerra, como es de esperar, trastocará. La previsión del Gobierno era que España creciese un 7% este 2022 (tras caer un 10,8% en 2020 y sumar un 5% en 2021), mientras que las del resto de instituciones que hacen previsiones de este tipo rondan el 5,5%. Aún ninguna de ellas las ha corregido desde la semana pasada, a la espera de los acontecimientos.

El crecimiento de la economía depende de multitud de factores. Entre otros, influyen los precios de los bienes y servicios que se consumen en el país. Este es el componente en el que está más claro que la invasión a Ucrania repercutirá directamente. Si cuando la guerra no se esperaba ya se daba por hecho que la inflación media en España este 2022 superaría a la de 2021, ya disparada (los precios subieron un 3,1% frente a todo el año anterior, sobre todo por la energía), la situación actual solo lo empeora.

El conflicto armado encarecerá el gas y la electricidad, y los precios de la energía han sido, durante estos últimos meses, los mayores responsables de la alta inflación. Para mitigar el impacto, el Gobierno anunció ayer que prorrogará hasta final de junio las rebajas de impuestos a la electricidad que están vigentes ahora, así como el descuento en el bono social eléctrico y la rebaja de los peajes para los consumidores industriales.

Ahora mismo, España solo compra a Rusia alrededor del 5% del gas natural que importa, pero la guerra podría llevar a que otros países más dependientes de Moscú salgan a buscar otros suministradores. Eso conduciría a un incremento de precios generalizado para todos en el mercado internacional.

De que las medidas del Gobierno amortigüen o no el precio de la luz dependerán muchas otras variables. El empleo -directamente relacionado con el consumo, que impulsa la recuperación- podría verse afectado por esta subida de los precios si repercute en los costes de producción de las empresas en mayor medida que como viene sucediendo hasta la fecha. Los empresarios podrían dejar de contratar, o despedir, dependiendo del efecto que este encarecimiento tenga en sus cuentas, aunque por ahora en el Ministerio de Trabajo solo aseguran que estarán pendientes de cómo evolucione la situación.

A la vez, los sindicatos están exigiendo a las organizaciones empresariales negociar subidas de sueldos, porque hasta ahora los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo mes a mes (la inflación empezó a subir hace 14 meses, en enero de 2021, y no ha parado desde entonces). No pasa así con los pensionistas, que ahora ven revalorizada su prestación cada año en la misma medida en que suben los precios. Por eso, piden elevar los salarios al menos un 5%. Este jueves tendrá lugar la primera reunión entre CCOO, UGT y la CEOE para negociarlo.

Pero al mismo tiempo una subida de los salarios podría provocar una espiral inflacionista, que llevaría a que los altos precios se conviertan en permanentes. Es a lo que los expertos llaman "efectos de segunda ronda", al generar más consumo gracias a la mayor capacidad de gastar de los trabajadores. Para evitarlo, está en manos del Banco Central Europeo (BCE) llevar a cabo una subida de tipos de interés, que enfriaría la economía en su conjunto. Hasta hace unas semanas se asumía que el organismo tomaría esa decisión en verano. Ya no está tan claro.

Para evitar llegar a este extremo, Sánchez ha pedido a los sindicatos y empresarios "un gran acuerdo de rentas" que dé estabilidad y confianza, pero que al mismo tiempo evite caer en una espiral inflacionaria que "mine el poder de compra de las familias y ponga en riesgo la recuperación económica". "Todos somos conscientes de que uno de los mayores riesgos de la guerra es el aumento del precio de la energía y la traslación al coste de la vida", recalcó delante de la Cámara Baja.

Del lado del empleo, el conflicto en Ucrania y las consecuentes sanciones a Rusia podrán afectar tanto a las exportaciones y a las inversiones en este último país, como a la llegada de turistas rusos a España. El presidente considera que el coste de no responder a la agresión rusa sería mayor que el que ocasionarán las sanciones, pero no niega que estas tendrán consecuencias.

El año pasado visitaron España casi 134.000 turistas rusos, que gastaron 228 millones. Es decir, que cada uno se deja, de media, unos 1.700 euros. Este año se esperaba que el impacto del turismo ruso en territorio nacional fuese mejor. En septiembre el Gobierno ruso autorizó nuevas rutas aéreas con España y siete aeropuertos españoles tenían conexión directa.

Ahora, tras las sanciones que conllevaron el cierre aéreo de la Unión Europea a todas las aerolíneas rusas, algo a lo que Rusia respondió con la misma medida, llevará a perder un turista con alto poder adquisitivo, que duerme en hoteles, compra, visita ciudades y consume cultura por encima del resto.

Y la reforma fiscal que Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas aprobar para que entre en vigor en el primer trimestre de 2023 -están en juego fondos europeos- depende, asimismo, directamente de la fortaleza de la recuperación. El Gobierno necesita eliminar beneficios fiscales y crear impuestos para conseguir su objetivo de acercar la presión fiscal española a la europea, pero ha sido advertido por múltiples organismos que solo deberá acometer cambios de este tipo cuando el crecimiento sea firme.

Así que el plazo pactado podría verse comprometido dependiendo del efecto de la crisis de Ucrania en la economía española. Por el momento, la visibilidad es poca y las incertidumbres son todas.