"Absoluta elucubración", "verdadero salto en el vacío", "mera suposición" e "inadmisible conjetura". Juan Carlos Martínez, pareja de la actual directora general de la Guardia Civil (María Gámez), ha presentado un escrito al juez en el que critica duramente la investigación policial que le atribuye un "lucro injusto" por los "innumerables errores" en los que incurren los agentes en su atestado y por llevar a cabo una "causa general" de carácter prospectiva.

Como viene informando este diario, el nombre de Martínez sale a relucir en un informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó el pasado mes de octubre al juzgado sevillano que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -entonces dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa- a la automovilística Santana Motor, ya disuelta.

Los investigadores creen que la consultora administrada por la pareja de María Gámez (Job Management Liberty SL) recibió ingresos de empresas que habían percibido "cuantiosos" fondos de la Junta de Andalucía -donde él había ejercido previamente de asesor de los consejeros de Obras Públicas y Transporte e Innovación, Ciencia y Empresa- en lo que interpretan como un posible "mecanismo de retribución" por la concesión de dichas ayudas.

Mientras la UDEF sigue practicando diligencias para el esclarecimiento de los hechos, Juan Carlos Martínez ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en el que combate la tesis incriminatoria policial y pide al magistrado José Ignacio Vilaplana que no dirija el proceso contra él ni le llame a declarar como investigado por no existir indicios sólidos de una actuación delictiva.

De entrada, Martínez enumera los "innumerables errores" en los que incurre en su atestado el inspector del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental respecto a su trayectoria laboral -como atribuirle que fue Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública cuando fue jefe de gabinete de la persona que ocupaba dicho cargo o responsabilidades en la Consejería de Empleo, a la que no estuvo adscrito- para tratar de hacer ver al instructor que nunca tuvo "vinculación" con Santana Motor ni formó parte de órganos que tuvieran capacidad decisoria sobre el otorgamiento de subvenciones.

Ayudas de la Junta de Andalucía

También defiende la licitud de la actividad desarrollada a través de su consultora, después de que los investigadores hayan llamado la atención sobre el hecho de que algunos de sus clientes recibieron previamente ayudas de la Administración para la que él trabajó. Dos de esas empresas fueron Laboratorios Rovi e Isofotón Power Generation, a las que Job Management Liberty facturó 128.880 y 21.789 euros, respectivamente.

En el caso de la compañía farmacéutica, Juan Carlos Martínez dice que requirieron sus servicios por su "dilatada experiencia" y que realizó un trabajo de "prospección y análisis de mercados internacionales", lo que le llevó a realizar "innumerables viajes y trabajos" y a desarrollar múltiples tareas, como asesoramiento tanto en estrategia de negocio como análisis en medios de comunicación.

"Todas las funciones y trabajos que ha desarrollado a través de su consultora Job Management Liberty SL son absolutamente lícitos, y constituye una vez más una inadmisible conjetura y mera suposición la indicación del informe policial de que 'se plantea que pueda tratarse de algún tipo de retribución por la concesión de dichas ayudas", expone en el escrito su abogado, Manuel Pérez Cuajares (Estudio de Litigación Constitución 23).

Martínez dice que las casas que compró no costaron un millón como dice la UDEF sino 600.000 euros y que se hipotecó

De igual forma, niega que hiciera inversiones inmobiliarias entre 2009 y 2012 por un millón de euros -como concluye la UDEF en su atestado- sino por valor conjunto de 645.000 euros, de los que 593.000 euros los obtuvo por medio de la formalización de hipotecas. "Es decir, más del 90 por ciento del valor de lo comprado está sujeto a un préstamo, lo que si algo demuestra precisamente es que no tenía capacidad económica para adquirirlas", indica. En concreto, fueron tres viviendas (una en Madrid y dos en Málaga), dos de ellas adquiridas e hipotecas al 50 % con María Gámez.

El letrado subraya que de nada de lo que se refleja en el informe policial se deriva indiciariamente que su representado tuviera intervención en los hechos que se investigan, constituyendo el citado atestado "un compendio de meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva".

Martínez considera que la UDEF se limita a trasladar sus sospechas al juez por medio de "conjeturas o presunciones" derivadas de que es hermano del ex presidente de Santana Motor Bienvenido Martínez y de que ocupó cargos en la Junta de Andalucía, pero no por la existencia de "hechos delictivos" que se le puedan atribuir. "De modo que lo que efectúa el atestado policial no es la averiguación de un posible delito del que se ha tenido noticia, sino la indiscriminada y prospectiva búsqueda de delitos a partir de la pre-concepción de que estos han de existir", razona.

"Causa general"

Por todo ello, entiende que la investigación policial constituye una "causa general" orientada a "descubrir posibles delitos que se hubieran cometido y de los que no se tiene razonable conocimiento indiciario previo", lo que -destaca- supone una "flagrante vulneración de elementales principios constitucionales y derechos fundamentales".

El juez Vilaplana no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro procesal de Juan Carlos Martínez, a la espera de que la UDEF entregue el nuevo informe que le ha encargado. En concreto, el instructor quiere que los agentes analicen los informes de cuentas anuales de la Agencia IDEA entre los años 2006 y 2011; diversos Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de esta agencia pública, anexos con alegaciones de la Intervención de la Junta y el informe definitivo de control financiero de Santana Motor -SAU- para que completen los dos atestados entregados el pasado año.