Las comunidades y ciudades autónomas han notificado ya al Ministerio de Sanidad la destrucción de al menos 276.580 dosis de la vacuna contra la covid-19 desde el inicio de la campaña de inmunización, mayoritariamente por alcanzarse la fecha de caducidad. Esa cifra equivale al 0,30 % de todas las que se habían administrado en España hasta finales de la pasada semana (92,77 millones).

En respuesta a una petición de información tramitada al amparo de la Ley de transparencia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha facilitado copia de las actas de destrucción de vacunas que las administraciones autonómicas le han hecho llegar entre el 15 de septiembre (Aragón) y el pasado 2 de febrero (Melilla). No consta en la carpeta electrónica remitida ningún documento relativo al material desechado por Andalucía, Canarias, Madrid y el País Vasco.

El pasado 30 de diciembre, la empresa catalana Gestora de Residus Sanitaris SL entregó para su destrucción a Cespa Gestión de Residuos SA un total de 20.190 viales procedentes de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat, según se detalla en el certificado que el Servicio de Medicina Preventiva le pidió de forma expresa al proveedor y que posteriormente se envió al Ministerio de Sanidad. La remesa pesaba 396 kilogramos y, expresado en dosis, sumaba 121.140. Esa cantidad equivale a la que se necesita para inmunizar con pauta completa a todos los habitantes de un municipio como Cerdanyola del Vallès (Barcelona), entre los 25 más poblados de toda la comunidad.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la AEMPS, la Administración catalana es con diferencia la que ha notificado al departamento que dirige Carolina Darias un mayor número de viales desechados. Esas 121.140 dosis suponen el 0,83 % de todas las que el Govern había recibido hasta el pasado viernes (14,44 millones) y el 0,87 % de las administradas hasta entonces (13,92 millones).

En el citado documento, la Agencia de Salud Pública catalana se limita a detallar el número de lotes de cada fabricante a eliminar -exactamente 27 de Pfizer, 11 de Janssen, ocho de AstraZeneca y seis de Moderna, lo que suman 52- pero no especifica si la razón de desprenderse de estos viales era por caducidad de los mismos o por alguna otra causa sobrevenida.

Caducidad, rotura de la cadena de frío...

El principal motivo para enviar los tarros de vacunas al vertedero es haberse alcanzado la fecha máxima de uso recomendada por el fabricante. Según se reseña en las actas remitidas a Sanidad, las comunidades y ciudades autónomas han alegado también la rotura de la cadena de frío, haberse superado el tiempo autorizado de conservación a temperatura de refrigeración, error en la manipulación, la existencia de un cuerpo extraño en el vial o no haber recibido indicación tras modificarse la estrategia de vacunación después de expirar el plazo de posibles devoluciones al ministerio.

Aragón (54.463 dosis), Castilla y León (25.597), Extremadura (24.006), Asturias (13.190), Baleares (10.859), Melilla (7.480), Navarra (5.978), Cantabria (4.765) y Castilla-La Mancha (4.233) completan las diez primeras posiciones, teniendo en cuenta que no constan los datos de las cuatro comunidades autónomas antes citadas y que sólo aparece un único acta enviado por Murcia con un desperdicio de 54 dosis.

Por fabricantes, el mayor número de dosis de la vacuna frente a la covid-19 que se han destruido corresponde a Pfizer (79.171, el 28,62 % de todas las malgastados). El suero desarrollado por la multinacional estadounidense y la empresa de biotecnología alemana Biontech es del que más unidades ha comprado España: más de 113,72 millones, de los que ya ha recibido 76,12 millones (incluidas las pediátricas). De Moderna se han eliminado 68.254, 66.438 de Janssen y 62.717 de AstraZeneca.

El coste de las más de 276.000 dosis de la vacuna que se han destruido supera los 2,5 millones de euros

Hasta el momento se desconoce el precio exacto que España ha abonado por cada uno de los lotes adquiridos. Cuando se le ha requerido a Sanidad una copia de los contratos firmados con los laboratorios suministradores al amparo de la Ley de transparencia, el ministerio ha respondido que no puede facilitarlos porque "no obran en poder de la Administración española", toda vez que quien ha liderado las negociaciones con los laboratorios y ha firmado los acuerdos ha sido la Comisión Europea.

Con todo, teniendo en cuenta los importes promedio detallados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el pasado mes de julio en respuesta a otra solicitu de acceso a la información pública (14,92 euros la de Moderna, 13,38 euros la de Pfizer, 4,98 euros la de Janssen y 1,79 euros la de AstraZeneca), no es aventurado pensar que las 276.580 dosis destruidas hasta el momento han debido de requerir un desembolso superior a los 2,5 millones de euros.

Las 121.140 dosis que las consejerías de Salud han comunicado que han eliminado ya se suman a las devueltas por las comunidades autónomas y que se encuentran caducadas en los almacenes temporales empleados por el Ministerio de Sanidad. Como informó este diario, el número de unidades ascendía a 829.403 a mediados del pasado mes de enero: 486.220 de Janssen y 343.183 de AstraZeneca. Ello arroja una cifra total de dosis malgastadas de 1.105.983.

Una parte de esas dosis se había quedado sin distribuir a los gobiernos regionales y tampoco pudieron donarse a tiempo a otros países con dificultades de acceso a las vacunas. "Básicamente por no aceptación de algunos receptores", según precisó la AEMPS en su respuesta.

De acuerdo con los datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), España ha mandado ya 12.392.830 dosis de la vacuna de protección frente al coronavirus a 15 países latinoamericanos y caribeños (Perú, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Jamaica, Honduras, Bolivia, Argentina, Antigua y Barbuda, Surinam, Santa Lucía y Guyana) en 30 envíos realizados entre el 4 de agosto de 2021 y el pasado 15 de febrero.