Cuatro años y tres meses después del accidente ferroviario de Santiago de Compostela llega la primera dimisión vinculada a la tragedia, que dejó 80 muertos y 144 heridos al descarrilar el tren Alvia por exceso de velocidad del maquinista el 24 de julio de 2013. El cese por la desgracia en la curva de Angrois -las inmediaciones de Santiago- no se ha cobrado el puesto de ningún ministro. Ni de ningún presidente de algún ente estatal, como Adif o Renfe. Se trata de un cuadro intermedio de Renfe Operadora, el director de Seguridad Antonio Lanchares.
Así lo confirman numerosas fuentes de la casa a El Independiente: Lanchares habría presentado su dimisión en algún momento entre el pasado viernes 20 y este lunes 23 de octubre. El 20 de octubre, viernes, Lanchares fue llamado a declarar como investigado -antigua figura del imputado- ante el Juzgado de Instrucción Número Tres de Santiago, el que lleva a cabo la instrucción del accidente del Alvia 04145.
Antonio Lanchares, director de Seguridad, dimitió al instante de saber su imputación
Portavoces oficiales de Renfe Operadora responden no saber nada de la dimisión. Al parecer, la dirección de Renfe, cuyo presidente es Manuel Alfaro, ha rechazado la salida de Antonio Lanchares, según apuntan varios empleados de la casa ferroviaria. Una versión que aún está por confirmar. El directivo, agregan los testigos, habría dimitido al instante nada más conocer que era llamado a declarar como investigado.
Directivo bien considerado
Lanchares lleva 12 años al frente de la seguridad del operador, el cargo más longevo dentro de Renfe. Fue él el elegido por Fomento en la etapa de Francisco Álvarez-Cascos para arreglar la chapucera inauguración del AVE Madrid-Lleida en 2003 (se estrenó la línea sin estar concluidas las obras, y los invitados a la inauguración estuvieron a punto de sufrir un accidente).
Directivo muy bien considerado internamente, ha sido citado a declarar por una posible responsabilidad respecto a la evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea ferroviaria Orense-Santiago en la que descarriló el Alvia. Las mismas fuentes que informan de la dimisión aseguran que el dirigente ferroviario acudirá sin problemas a declarar ante el juez.
Al parecer, Renfe habría rechazado su cese, según varios testigos
La Plataforma de Víctimas del Alvia, que en su día exigió la cabeza de la entonces ministra de Fomento Ana Pastor (ahora presidenta del Congreso de los Diputados), al igual que la de los presidentes de Renfe y Adif en julio de 2013, Julio Gómez-Pomar (hoy secretario de Estado de Infraestucturas) y Gonzalo Ferre, reclamó el pasado lunes la dimisión de Lanchares. Pero éste ya había presentado su cese cuando los familiares de víctimas realizaron su anuncio.
Según varias agencias, el portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, criticó que Lanchares, "si se niega a declarar", sería el ejemplo de la inexistente "colaboración que prometió" el Ministerio de Fomento. Según las versiones recabadas, el hasta ahora director de Seguridad de Renfe sí declarará ante el juez y ejercerá su derecho a la defensa.
Comisión parlamentaria
Solo hay seis personas imputadas de momento por la tragedia, todas ellas cuadros técnicos de categorías similares a la de Lanchares en Renfe, Adif e Ineco. Y el maquinista y principal culpable, Francisco José Garzón Amo, imputado desde hace cuatro años. Garzón Amo entró a 179 kilómetros por hora en una curva limitada a 80 al despistarse por una llamada del interventor del tren a su teléfono móvil corporativo, según ha reconocido el propio conductor. El accidente ocurrió en un tramo de alta velocidad de un tren híbrido que había salido de Madrid y que había completado la mayor parte del trayecto por una vía sin electrificar entre la provincia de Valladolid y Galicia.
La plataforma de víctimas pidió su cabeza cuando el imputado ya había cesado
El accidente de Angrois está volviendo paulatinamente a la actualidad judicial y política. La victoria en las primarias de Pedro Sánchez motivó un giro en el PSOE con relación a la desgracia y llevó a los socialistas a aceptar una nueva comisión de investigación parlamentaria, tras la que se creó la pasada legislatura en el Congreso. Se espera que la comisión arranque en las próximas semanas. Ahora llega la primera dimisión, cuatro años y 80 muertos después.
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