El Juzgado de Instrucción 50 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción han desarrollado este miércoles una operación que ha permitido desmantelar una trama de corrupción en el seno de la Dirección General de la Policía que percibía comisiones ilícitas a cambio de favorecer contrataciones públicas. En concreto, se han practicado 14 detenciones, entre funcionarios -policías y empleados de la Dirección General de Tráfico (DGT)- y empresarios.
Los hechos investigados son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones Públicas, prevaricación, cohecho, malversación, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Igualmente, por Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha solicitado la adopción de medidas cautelares, consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de 6 inmuebles.
Según ha podido conocer este periódico, la investigación sobre la llamada Operación Grapa se inició hace unos dos años cuando la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional -entonces a los mandos de Eugenio Pino, jubilado en el verano de 2016 al cumplir los 65 años- tuvo conocimiento de presuntas irregularidades en la concesión de contratos por parte de funcionarios adscritos a la División Económica y Técnica del cuerpo. Las fuentes consultadas dijeron que, ya entonces, fueron apartados de sus responsabilidades varios funcionarios.
Contrataciones diversas
La Policía puso en conocimiento de la Justicia los hechos y fruto de esa investigación ha sido el operativo desplegado este miércoles. Los integrantes de esta trama percibían supuestamente mordidas a cambio de, aprovechando sus puestos de responsabilidad, influir decisivamente en contrataciones diversas, como la explotación del servicio de cafeterías, infraestructuras, servicios de mantenimiento... Ahora se les investiga por la posible comisión de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal.
El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.
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