La crisis de suministros que lleva varios días afectando a fábricas y supermercados obligó a Pedro Sánchez a imprimir un giro de guion en la gestión del paro de los transportistas. La voluntad inicial del Ejecutivo era esperar al resultado del Consejo Europeo del jueves y viernes para concretar las medidas anunciadas el lunes al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), entre las que estaba destinar 500 millones de euros a bonificar el gasóleo profesional.

Pero la falta de concreción de las promesas planteadas por la vicepresidenta económica Nadia Calviño provocó que varias asociaciones como Fenadismer, Fetransa y Feintra se desmarcaran del principio de acuerdo alcanzado en el órgano de interlocución oficial entre el sector y el Gobierno, en el que no está la plataforma organizadora de los paros y donde anoche se pactó rebajar 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio (15 céntimos con cargo al Estado y otros 5 céntimos como mínimo por parte de las petroleras).

Ante la deriva de los acontecimientos, Sánchez pidió a la vicepresidenta abrir la mano y cerrar este mismo jueves un gran pacto con las principales organizaciones empresariales del sector para poder presentarlo a la plana mayor del Ibex-35 antes del gran decreto que tiene previsto aprobar el martes 29 en el Consejo de Ministros. La deriva de los paros ha causado profundo malestar en el tejido productivo, especialmente en el ámbito de la industria agroalimentaria y la distribución.

Finalmente las ayudas del Ejecutivo al sector supondrán un esfuerzo para el Estado de más de 1.050 millones de euros, pues además de la rebaja del carburante que supondrá un ahorro medio mensual de 700 euros por camión, el Ejecutivo ha prometido poner en marcha ayudas directas al sector por importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será de hasta 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros por compañía.

El clamor empresarial había creciendo con el paso de los días y la sensación de inacción por parte del Gobierno causaba perplejidad entre algunas patronales. CEOE y Cepyme exigieron medidas "rápidas, concretas y efectivas" que frenasen las movilizaciones. "Es difícil de comprender que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello", llegaron a criticar. El Ejecutivo desplegó hasta 24.000 efectos policiales para garantizar la circulación de convoyes de camiones que no se sumaban a los paros y que podrían sufrir ataques de piquetes violentos.

Ambas organizaciones empresariales exigieron también al Gobierno que no esperase ni un día más para detallar con cuántos céntimos por litro se bonificará a los transportistas el gasóleo profesional. Algo que, por otro lado, ya habían hecho países como Francia, Italia o Portugal, con descuentos de entre 15 y 30 céntimos de euro.

Con la resaca de la manifestación de agricultores del domingo y la crisis política abierta por el cambio de posición sobre el Sahara todavía coleando, la idea de retrasar hasta el Consejo de Ministros del martes 29 el anuncio de las medidas fue perdiendo fuerza. La demora premeditada generó incluso división en el seno del Gobierno, donde algunos pedían mayor concreción en las propuestas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reclamaba el martes "un voto de confianza" a las patronales que se habían descolgado del pacto. "Vamos a concretar lo antes posible esas medidas, pero les pido a los autónomos y a esos transportistas que han decidido no retomar su actividad que lo hagan", suplicaba.

Ya el miércoles, el presidente dijo estar convencido de que "esta misma semana" podría alcanzarse un pacto con las organizaciones del sector. Apenas unos minutos más tarde se anunciaba que la reunión prevista para el viernes se adelantaría un día. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que cuando nos sentemos mañana sea el último día. No podemos salir de él sin un acuerdo", enfatizó el presidente desde Ceuta.

A su llegada al Consejo Europeo este jueves en Bruselas, siguió apremiando para cerrar el pacto cuanto antes, mientras Calviño y Raquel Sánchez negociaban en Madrid con hasta 12 asociaciones diferentes junto a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. "Yo espero que en pocas horas podamos tener buenas noticias en España en el ámbito del sector de transportes", insistió.

Después de doce horas de negociación, las promesas del Ejecutivo no habían conseguido convencer a las principales patronales del transporte de mercancías por carretera. Sobre las once de la noche, Calviño apareció televisión confiada de que pronto se sellaría el acuerdo. Fuentes de varias organizaciones mostraron su malestar por el hecho de que la responsable económica y la de Hacienda no estuvieran presentes en la sesión de tarde, que se reanudó a las 17 horas.

La negociación había quedado en manos de la ministra Sánchez y de los altos cargos y técnicos de su Ministerio. Sobre la una de la madrugada, las asociaciones seguían haciendo la valoración de la última propuesta presentada por el Gobierno y pasadas las tres comunicaron su visto bueno por "unanimidad" a la propuesta del Ejecutivo, que incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).

La idea es que, apaciguado el tema de los camioneros con las grandes patronales, el Ejecutivo pudiese centrar todos sus esfuerzos en tratar de arrancar de Bruselas, como mínimo, una solución "particular y específica" para la Península Ibérica en materia energética. Y también intentar acelerar la negociación con los agentes sociales para un pacto de rentas que acompañe al plan nacional en respuesta al impacto social y económico de la guerra de Ucrania.

Mantendrán la protesta

Pero al margen del acuerdo sellado por con las organizaciones del sector del transporte de mercancías integradas en el CNTC, la Plataforma impulsora del paro de transportistas que preside Manuel Hernández no está dispuesta a desconvocar las protestas y ha organizado una manifestación este viernes ante el Ministerio de Transportes.

El Gobierno defiende que ya elaboró un decreto con varias medidas reclamadas por el sector, como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, salvo en casos muy concretos como mudanzas, entrega de paquetes, grúas porta vehículos u otros similares. Asimismo, en la reunión del lunes puso sobre la mesa otro tipo de medidas como la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de la fórmula trimestral actual.

También propuso que se actualice semanalmente el índice de referencia del precio del combustible en lugar de mensualmente. Este indicador sirve para aplicar la cláusula de revisión del precio del gasóleo lograda también por el CNTC tras la amenaza de paros masivos en plenas navidades.