Las asociaciones de pensionistas están en contra del plan actual del Gobierno para impulsar los planes de pensiones de empleo, o de empresa. Consideran que empobrece las pensiones públicas, que abre la puerta a su privatización y recelan de la manera en que se está tramitando esta ley. También advierten de que el ministro Escrivá, detrás del proyecto, busca convertir el derecho a pensiones dignas en "un negocio privado", por lo que piden que se retire el proyecto de ley.

"Que haya planes de pensiones privados no nos parece un problema, pero sí que se haga a costa de desconectar las cotizaciones de la Seguridad Social. Eso nos parece inaceptable y muy peligroso, porque lo que hace es restringir más el margen de maniobra de la Seguridad Social", explica Ramón Franquesa, portavoz de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), en conversación con El Independiente. "Aparte de los problemas que puede tener la gente para recuperar el fondo, porque muchos estos fondos han acabado en pérdidas", añade.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero el proyecto de ley para fomentar los planes de pensiones de empleo, que pasó a las cortes para su tramitación parlamentaria. Este tipo de planes de pensiones los promueven las empresas para sus trabajadores, a modo de incentivo o para retener a los empleados, es decir, son un beneficio social para los trabajadores, como los seguros de salud o los tickets restaurante o guardería. Estos pueden escoger si disfrutarlo o no. Después, sirven para complementar la pensión pública en el momento de la jubilación.

En España actualmente solo los utiliza el 10% de la población, mientras que en el País Vasco este porcentaje sube hasta el 50% y en Alemania, al 60%. Por eso, para conseguir generalizar su uso, el Ministerio de Escrivá ha decidido hacerlos más atractivos fiscalmente, buscando así que más españoles cuenten con una forma de complementar su pensión.

Pero los jubilados temen que suponga debilitar el sistema público de pensiones "de reparto y de solidaridad intergeneracional" ya que, aseguran, "entregar una parte de las ayudas sociales a un sistema privado individualista de capitalización dejará fuera a amplias capas de la población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, especialmente a las mujeres", aseguran los pensionistas en una carta conjunta publicada esta semana.

La misiva está firmada por ASJUBI 40 (Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas), MODEPEN (Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos) y las Plataformas de Pensionistas de Badajoz y Móstoles.

En enero, COESPE ya había enviado una carta al ministro Escrivá reivindicando las pensiones públicas dignas y exigiéndole que no las privatice, oponiéndose a los planes de empresa "como parte del sistema público". "No a las ayudas estatales para los planes privados", reclamaban también.

Los pensionistas de las mencionadas asociaciones temen que "deslizar" parte de la cotización del trabajador se lleve "parte de la pensión a un sistema de alto riesgo", apunta su portavoz, Franquesa. "Ahora mismo la mayor parte de los planes pensiones [privados] del país están en pérdidas", recuerda. También afirman que al hacer descuentos sobre la base de cotización la pensión pública será menor en el momento de calcular para la jubilación.

El proyecto de ley no obliga a las empresas a ofrecer estos planes de pensiones a sus empleados. Pero sí les da algunas ventajas: les permite pagar menos cuotas a la Seguridad Social según las aportaciones que realicen. El límite está en 115 euros al mes por empleado o en 1.380 euros anuales. "Entre toda la ciudadanía tenemos que costear su puesta en marcha con ayudas públicas, aumentando las desgravaciones fiscales y con descuentos a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social", critican.

El Gobierno pretende que las comisiones de estos fondos de pensiones tengan un tope que obligará a que siempre sean mucho más beneficiosos que los planes individuales. Este máximo aún no se ha fijado y se decidirá durante la tramitación parlamentaria de la ley, aunque la cifra que se manejaba era del 0,5%, frente al 1% vigente en los planes individuales, de manera que este renovado mecanismo suponga un ahorro considerable frente a las altas comisiones de los planes individuales.

Pero siempre estarán gestionados por entidades privadas, aunque el marco sea público, y su supervisión también. En ese sentido, los pensionistas recelan de que la gestión de estos fondos se lleve a cabo a través de "entidades financieras, aseguradoras privadas y los mismos 'agentes sociales' que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la comisión de control", a la que consideran que solo sirve para "dar una apariencia de control" porque "realmente quienes lo gestionan propios fondos".

Del mismo modo, sospechan de la manera en que va a aprobarse esta ley, a través de la vía de urgencia, en la que entró la pasada semana: "No debe ser tramitado con carácter de urgencia", argumenta Franquesa, porque "todo el proceso de debate público se reduce". "En una ley tan importante como esta, que va a quebrar los ingresos que recibe la Seguridad Social, que se tramite de urgencia en el marco de una guerra y de la Semana Santa indica que hay una voluntad de ocultarlo al debate público. De hacerlos pasar de forma más discreta. Por eso pedimos que no se aceptara ese trámite de urgencia sino de ley normal", concluye el portavoz.