El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, que contempla un conjunto de medidas destinadas a contener la subida de los precios de la energía y a proteger el empleo y a los sectores más perjudicados por el impacto económico del conflicto. En total el plan movilizará 16.000 millones, 6.000 en ayudas directas y 10.000 en créditos ICO.

Descuento a la gasolina y bono social

A partir del viernes, cada litro de combustible será 20 céntimos más barato. 15 los asumirá el Estado y 5, como mínimo, las petroleras. Como ya anunció Pedro Sánchez este lunes, se extenderá así a todos los ciudadanos la bonificación que ya se pactó con los transportistas la semana pasada. La medida durará hasta el 30 de junio.

Además, los transportistas recibirán 450 millones de euros en ayudas directas. En concreto, recibirán 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias. También se ha aprobado la devolución mensual, y no trimestral como hasta ahora, del gasóleo profesional.

En lo que respecta a materia eléctrica Teresa Ribera ha anunciado la prolongación de las medidas fiscales en el sistema eléctrico hasta el 30 de junio. Con todo, el IVA seguirá rebajado al 10%, el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) continuará gravado en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea y se suspende el impuesto de generación eléctrica.

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz.

Los ICO de la guerra se podrán pedir hasta final de año

Dentro del Plan Nacional se ha aprobado un nueva línea de avales para créditos ICO por un total de 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado Calviño.

La ministra también ha anunciado que se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado.

Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes. Nadia Calviño ha asegurado que el impago y créditos dudosos con avales de las líneas de avales ICO ha sido muy limitado en los covid.

Prohibición de despedir y ERTE

El Gobierno ha prohibido despedir por la subida de los precios de la energía hasta el 30 de junio. Así, los tribunales obligarán a readmitir a los empleados despedidos por esta causa y las empresas tendrán que devolver las ayudas percibidas.

Además, todas las empresas que recurran a los ERTE también tendrán prohibido despedir, como sucedió durante la pandemia. La justificación que ha alegado Yolanda Díaz es que no tendría sentido destinar recursos públicos para estas compañías, pagándoles salarios y cotizaciones, si después se les permite echar a sus trabajadores.

El Gobierno también ha aprobado poner en marcha el mecanismo RED -los nuevos ERTE- para las agencias de viaje. Esta herramienta permitirá a las empresas reducir la jornada y suspender el empleo de sus trabajadores de una manera similar a como sucedía con los ERTE-Covid ante crisis cíclicas y sectoriales.

Tope al alquiler

La subida de los alquileres con el IPC quedará limitada al 2% en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio, en el caso de los grandes propietarios. En el de los pequeños sí se permite un incremento superior al 2% si se llega a un acuerdo entre las partes.

La medida está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación, que se situó en febrero en el 7,6%. Según el Ministerio de Transportes, podría beneficiar a unos 875.000 contratos, los que vencerían este trimestre.

Apuesta por la ciberseguridad

El plan también incluye la aprobación de un Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión de más de 1.200 millones de euros "para poder responder de forma adecuada al mayor riesgo por el contexto geopolítico actual", ha apuntado Nadia Calviño. Además, se acelera la constitución del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado.

También se ha adoptado un real decreto-ley de ciberseguridad del 5G que, tal y como ha explicado la vicepresidenta primera, transpone a la normativa a caja de herramientas, los diferentes instrumentos de normativa europea para garantizar la integridad y la seguridad de todo el despliegue de inversiones para el 5G en el país.