Ni los trabajadores, ni las empresas. Los únicos que por ahora no perderán poder adquisitivo aun con la inflación desbocada de este 2022 serán los pensionistas, gracias a la reforma del ministro Escrivá, aprobada el pasado año, que liga estas prestaciones a la subida de los precios. Según la ley, las pensiones deben aumentar cada mes de enero lo mismo que se haya incrementado el IPC, de media, durante los 12 meses previos al noviembre anterior.
Y si los analistas no se equivocan la inflación terminará el año con un alza de alrededor del 7%, lo que llevaría a una revalorización de las pensiones nunca vista desde que existen registros. Como se aprecia en el gráfico, durante los últimos 20 años la mayor revalorización que han experimentado las pensiones fue en 2008, cuando el Gobierno las subió un 4,1% -un 2% por la inflación prevista para 2008 más un 2,1% por la desviación de los precios el año anterior-.
Lo que garantiza la ley -si nada cambia- es que los jubilados verán aumentar su pensión en enero de 2023 en la misma medida en que hayan subido los precios. Este miércoles el INE publicó el dato avanzado de la inflación de marzo, que reveló que los precios aumentaron ese mes un 9,8% con respecto al mismo mes del año anterior. Es más de lo que nunca lo habían hecho en 37 años, desde 1985.
Evolución del IPC y de las pensiones
Los precios venían marcando récord sobre récord desde hace meses. No han dejado de subir desde enero de 2021, tras un 2020 en el que cayeron. De media, en 2021 crecieron un 3,1%, y en 2020 disminuyeron un 0,5%. Y ahora, al encarecimiento de los precios de la energía -problema presente desde el pasado otoño- se ha sumado la guerra en Ucrania.
Por todos estos factores, el IPC podría, incluso, duplicar la subida que experimentó el año pasado. El centro de estudios Funcas ya espera que la inflación media anual se dispare hasta el 6,8%, según previsiones que dio a conocer este miércoles. El dato es un punto superior a lo que dicha institución estimaba antes de conocerse el IPC de marzo. También estima que esta cifra llevará a un aumento del gasto en pensiones de 10.000 millones.
Son previsiones aún muy volátiles, puesto que pueden empeorar... o mejorar. El principal riesgo para Funcas sería que empeorase el conflicto bélico y que escalasen las sanciones, derivando en la ruptura total de las relaciones comerciales entre la UE y Rusia. Esto agravaría la crisis energética, generaría nuevos problemas de suministros y podría desembocar en una recesión en la eurozona. Pero del otro lado que la guerra terminase rápidamente ayudaría a contener la inflación.
Antes de que estallase la guerra en Ucrania, grandes instituciones ya opinaban que los precios de 2022 quedarían por encima de la de 2021. El Banco de España apuntaba a un IPC medio del 3,7%, y la OCDE, a uno del 3,2%, según sus previsiones de enero. Ninguno de estos grandes organismos ha actualizado su cálculo tras empezar el conflicto armado.
Calviño: "Los pensionistas pueden estar tranquilos"
En este contexto, los pensionistas dudan de que el Gobierno vaya a cumplir su promesa de revalorizar sus prestaciones lo mismo que suban los precios. Pero ya no es solo una promesa, sino una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2022, tras llegar a un acuerdo los sindicatos CCOO y UGT y los representantes de los empresarios de CEOE y Cepyme en julio. Dar marcha atrás a esa ley, ya aprobada por el Congreso y el Senado, no es fácil y requeriría de una nueva mayoría parlamentaria.
Es algo que por ahora los ministros descartan. "Los pensionistas pueden estar tranquilos", aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en un evento el lunes. Calviño también asumió este miércoles que la inflación seguirá subiendo pese a registrar en marzo el aumento más alto en casi 40 años, pero esperó que llegue "cuanto antes" a su nivel máximo para iniciar seguidamente un descenso de los precios.
"Mandamos un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que, a pesar de la guerra, no van a ver menguadas sus pensiones", afirmó también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el martes. Aun así, el diario El Español ha publicado que el Gobierno estaría ya trabajando en cómo conseguir no subir las pensiones con el IPC, porque sería algo "imposible".
Por su parte, los sindicatos están alertando de la pérdida de poder adquisitivo que suponen estas fuertes subidas de los precios mientras los salarios no se actualizan, y han pedido al Gobierno bajar los precios de la electricidad. CCOO y UGT están actualmente negociando con las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme qué subida deberían experimentar los sueldos este año. Al mismo tiempo, el sindicato CSIF ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda para abordar un aumento de los sueldos de los empleados públicos.
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