El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha aportado este viernes a la Fiscalía Anticorrupción el informe elaborado por el servicio de Inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que acredita el desfalco de cinco millones de euros cometido por un antiguo empleado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Panamá.
La formación que lidera Santiago Abascal quiere que el Ministerio Público investigue las "graves irregularidades" que durante 13 años se han producido en la oficina técnica de cooperación de España en el país centroamericano, al entender que existen sólidos indicios de la comisión de delitos -entre otros- de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
La denuncia de Vox se sustenta en el informe elaborado por la Dirección de la División de Control y Mejora de la Gestión -dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior- el 22 de mayo de 2020 y al que han podido acceder después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo estimara su recurso. El ministerio se había negado inicialmente a facilitárselo con el argumento de que el Tribunal de Cuentas estaba instruyendo un procedimiento por posible responsabilidad contable.
"El informe acreditaría negro sobre blanco que desde hace 15 años se habría cometido ese desfalco financiero mediante talones bancarios falsificados", ha denunciado la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción. La diputada ha calificado de "demoledor" el dosier elaborado por Asuntos Exteriores y ha llamado la atención sobre el hecho de que sólo han podido acceder a él después de acudir a los tribunales.
En dicho informe, el departamento liderado entonces por Arancha González Laya cifra la sustracción en más de cinco millones de dólares, cantidad que Omar Antonio Guevara Barrios -administrativo contable de la oficina española en Panamá desde 1992 y en busca y captura desde hace dos años- fue desviando de tres cuentas bancarias durante años sin levantar sospechas.
"Innumerables talones" falsificados
Las alarmas saltaron a mediados de febrero de 2020, a raíz de que este empleado dejara de acudir a su puesto de trabajo sin explicación. El modus operandi desplegado por Guevara Barrios consistía en la "falsificación de la firma" del coordinador general de la cooperación española en Panamá en "innumerables talones", al tiempo que manipulaba los extractos bancarios para que no se descubriera cómo iban menguando los saldos.
La apropiación se iniciaba con la emisión de un talón firmado por el contable (Omar Guevara) y la rúbrica falsificada del coordinador general, como ha constatado la Policía panameña tras realizar una prueba caligráfica. El empleado no negociaba los cheques directamente en el banco para evitar tener que ir constantemente a la entidad financiera, sino que los endosaba.
Como viene informando El Independiente, la "mayor parte" de los cheques se endosaron a Gaming and Services, la filial con la que la multinacional española CIRSA explota casinos, bingos y salas de máquinas tragaperras en Panamá. En un ángulo del reverso del talón aparece una "pequeña firma" del casino en el que se entregaba, hace constar Asuntos Exteriores en su informe.
Vox pide a la Fiscalía investigar las "graves irregularidades" cometidas durante 13 años sin que saltara ninguna alarma
Tan sólo en una de las tres cuentas afectadas, concretamente una de las abiertas en una sucursal del BAC Credomatic, el rastreo ha permitido conocer que Gaming and Services fue el destino de cheques con fondos desviados por Omar Guevara por un montante de 1.397.653,96 dólares (1,27 millones de euros al cambio de hoy). Los investigadores trabajan con la hipótesis de que Guevara Barrios consumía en los casinos una parte del dinero que conseguía con los cheques y otra se la llevaba en efectivo, de lo que se derivaría el posible delito de blanqueo de capitales.
Los hechos se sustancian en dos procedimientos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación interpuso el 11 de junio de 2020 una querella en Panamá para depurar responsabilidades penales. En esta causa ya hay cuatro imputados (a los que se les ha prohibido abandonar el país y tienen que personarse periódicamente para acreditar que no se han fugado), entre los aque no se encuentra aún el cabecilla de la trama: Omar Guevara, contra el que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá dictó el 2 de abril de 2020 una "orden de aprehensión y conducción" como posible autor de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza.
Viaje a Panamá
La diputada Macarena Olona ha anunciado este viernes que en las próximas semanas se desplazarán al país centroamericano para aportar la documentación tanto a la Fiscalía como a la Contraloría General de Panamá -organismo este último equivalente al Tribunal de Cuentas español- a fin de "llegar hasta el final" y "depurar hasta la última responsabilidad". Vox también ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro José Luis Albares y de otros siete altos cargos para que den explicaciones por esta sustracción de fondos públicos.
En paralelo, el ministerio puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas el 8 de junio de 2020 el informe elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión por posible responsabilidad contable por alcance, señalando tanto al ex empleado huido de la Justicia como a los dos coordinadores generales que tuvo la oficina técnica de cooperación en Panamá cuando se produjo el desfalco. Fuentes del Tribunal de Cuentas han informado a este diario que se abrió diligencia preliminar y se turnó al departamento primero de enjuiciamiento, donde se encuentra en fase de tramitación en actuaciones previas.
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