Pere Aragonès ha defendido el acuerdo sobre la reforma de la Política Lingüística de la Generalitat alcanzado con el PSC y los comunes ante los ataques tanto de buena parte de JxCat como de entidades en defensa de la lengua. Lo ha hecho tras la reunión del Govern, con mención especial a Quim Torra, que ha criticado el acuerdo por aceptar que el castellano sea regulado como "lengua de aprendizaje" en Cataluña.

Tras la manifestación encabezada este domingo por ANC, Òmnium y Plataforma, muy crítica con el Govern, Aragonès ha reclamado "no llamar a desobediencias retóricas". Y se ha dirigido a su antecesor para recordarle que "durante la presidencia de Torra" hubo 13 sentencias que imponían el 25% de castellano en otros tantos centros "y se cumplieron todas".

"No hubo ninguna orden de desobedecer y no fue por falta de coraje independentista sino por falta de herramientas" ha argumentado Aragonès. Por ello, ha defendido que "podemos seguir sin hacer nada o dar paso adelante" como el de la modificación de la Ley de Política Lingüística.

Incorporar al PSC

El presidente catalán ha defendido además la importancia de haber incorporado a socialistas y comunes a ese acuerdo. El catalán "no puede ser una lengua de parte, no es lengua de independentistas, es la lengua de los catalanes". Por tanto, "cuanto más partidos participen de este consenso mejor, y si son tan importantes como el PSC y los comunes mejor".

Para Aragonès, lo importante es "que siga siendo el Parlament quien decide el modelo lingüístico en escuelas, y que lo haga con amplio apoyo" porque sino, ha advertido, lo fijará el TSJC.

Ha negado, además, que su propuesta deje al descubierto a los directores de centro, como responsables de fijar los proyectos lingüísticos en los que el TSJC valida el cumplimiento, o no, del 25%. "Los directores centros no estarán solos, los proyectos lingüísticos serán validados por el Departamento de Educación, desde el punto de vista jurídico asumimos la responsabilidad".

20 millones más de impuesto a las eléctricas

Aragonès ha hecho estas afirmaciones en la presentación del plan del Govern para dar respuesta a las consecuencias humanitarias, económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Un plan dotado con 120 millones de euros y que incorpora rebajas de algunas tasas, y la subida del impuesto sobre la electricidad a las centrales nucleares y de ciclo combinado.

Así, el Govern aplicará un recargo del 33% del impuesto sobre la producción y almacenamiento de energía con el que se dotará un nuevo fondo de apoyo a la transición energética. Aragonès ha justificado esta subida de impuestos "ante aumento del precio de la energía y los beneficios extraordinarios de empresas".

20 millones de euros "son perfectamente asumibles viendo los beneficios de las propietarias de nucleares y ciclo combinado" ha argumentado el president, recodando que ese impuesto no puede repercutirse a la factura de los consumidores.

La batalla de los JJOO de Inverno

Por otro lado, Aragonès ha dejado claro que la Generalitat no se moverá de la propuesta técnica acordada con el Gobierno y el COE sobre el reparto de pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. La candidatura teóricamente conjunta de Cataluña y Aragón pende de un hilo por la negativa del presidente de Aragón, Javier Lambán, de aceptar ese acuerdo técnico.

Y por la consulta que la Generalitat celebrará en julio sobre la celebración de los juegos en las comarcas del Pirineo catalán. "No contemplamos una modificación de la ubicación de pruebas" ha advertido Aragonès, que tampoco prevé hablar con Lamban en los próximos días.