Los integrantes del comité provincial de la Unión Federal de Policía (UFP) en Pontevedra han anunciado este jueves su dimisión en bloque y se han dado de baja del sindicato tras conocer que el secretario general de la organización, Víctor Duque, ha sido condenado en sentencia firme como autor de un delito de desobediencia a la autoridad y no han recibido "aclaraciones" de la ejecutiva nacional ni se han producido "dimisiones".

En un comunicado dirigido a la afiliación, los dimisionarios explican que la condena al líder de la organización ha sido "la gota que ha colmado el vaso" y dicen sentir "vergüenza" por este hecho, sobre el que no han recibido "explicaciones" de la dirección nacional a pesar de haber transcurrido más de seis meses desde que se dictó la sentencia. El comité de Pontevedra es el primero que rompe con el máximo responsable de la organización.

Como desveló El Independiente el pasado viernes, el Juzgado de lo Penal 3 de Algeciras condenó el pasado 11 de octubre a Víctor Duque a una multa de un mes a razón de seis euros diarios y al pago de las costas judiciales por la comisión de un delito de desobediencia al insultar a tres agentes de la Policía Nacional cuando estos intervenían para frenar un altercado ocurrido a las puertas de una caseta en la Feria de esta ciudad gaditana en 2018. La sentencia es firme porque el acusado llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía tras modificar parcialmente el Ministerio Público sus conclusiones provisionales.

"Tras pasar una semana desde que se produjera dicha publicación, y sin ser necesario pedirlo ante la gravedad de los hechos, seguimos sin explicaciones, aclaraciones o dimisiones en la ejecutiva nacional que puedan dar respuesta a la vergüenza sentida al leer una noticia de este calado, donde se expone la condena del máximo representante de la UFP", justifica el hasta ahora comité de Pontevedra.

Sus integrantes denuncian que el responsable del sindicato en Galicia les han puesto "todas las trabas posibles" para ejercer su labor frente a la "confianza" que le han brindado los afiliados y ponen en duda la legalidad de la reciente modificación estatutaria promovida por la dirección nacional, que ha eliminado el apartado segundo del artículo 11 de los estatutos que negaba el derecho de sufragio activo y pasivo a los jubilados del Cuerpo Nacional. En su opinión, si se declararan no ajustados a derecho a raíz de ese cambio los actos jurídicos que lleve a cabo la organización podría dejar "indefensos" a los afiliados.

Los dimisionarios critican que la dirección nacional no haya dado "explicaciones" tras la condena al líder ni haya habido ceses

"Hemos sido críticos y autocríticos con la gestión de estos últimos años por parte de nuestra organización, algo que no hemos visto por parte del resto de la organización, que, en vez de enriquecerla, la ha dejado señalada y postrada ante los demás. Sumado a las últimas noticias y actos llevados a cabo por parte de nuestros dirigentes, nos ha llevado a los miembros del comité provincial de Pontevedra a presentar nuestra dimisión irrevocable, no sin antes dar las gracias a los afiliados por haber depositado su confianza en nosotros estos años", añaden en el comunicado.

La renuncia de los miembros de este comité -con sedes en Vigo y Pontevedra y el que cuenta con más afiliados dentro de la estructura de este sindicato en Galicia- se produce 14 meses antes de que se celebren las elecciones al Consejo de Policía, previstas para junio de 2023. En los últimos comicios, en los que Jupol se convirtió en primera fuerza tras desplazar al SUP, la UFP logró mantener un vocal en la escala básica, lo que permite la liberación de Víctor Duque y de otros 12 afiliados más. En la actualidad cuenta con unos 5.800 afiliados, especialmente en Madrid y Andalucía.

La condena por desobediencia al secretario general de la Unión Federal de Policía, que se enfrenta ahora a una sanción disciplinaria dentro del Cuerpo, se produce mientras permanece imputado como posible autor de delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida al cargar presuntamente durante años a tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización numerosos gastos sin aparente justificación sindical.

La Fiscalía considera "excesivos" e "injustificados a lo largo del tiempo" estos desembolsos, por lo que sospecha que el dirigente sindical desvió fondos para su "utilización particular y privada". La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid está a la espera de recibir un informe pericial que debe analizar si tienen justificación por el desempeño de su función sindical los gastos imputados antes de dar por terminada la investigación, iniciada en mayo de 2018.